Política

El Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont y el resto de la cúpula del procés: en breve quedarán suspendidos de sus cargos

  • Los acusados por rebelión no podrán ejercer sus funciones de diputado
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, tras proclamar la DUI en el Parlament. Foto: Reuters

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por su participación en el 'procés' independentista en Cataluña del expresident Carles Puigdemont y otros 24 investigados en esta causa. Con esta decisión, se considera firme el auto emitido por el juez instructor Pablo Llarena el pasado mes de marzo y en breve los acusados por rebelión quedarán suspendidos de cargo público.

En el caso de los exmiembros del Govern, los "Jordis" -Cuixart y Sánchez, que fueran responsables de las asociaciones civiles Ómnium Cultural y ANC, la número dos de ERC Marta Rovira y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a los que se procesó por rebelión, los magistrados consideran "suficientemente razonable" esta calificación de los hechos porque existió "un alzamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la Ley.

El auto firmado por los magistrados Miguel Colmenero Menéndez, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro afirma que los indicios de criminalidad disponibles en este momento procesal permiten considerar que la calificación de un delito de rebelión imputado a 13 de los procesados es "suficientemente razonable" como para no descartarla de modo absoluto y juzgarles por este delito.

Recuerdan además que el auto de procesamiento lo que hace es formalizar la imputación y constatar la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho y de la participación de las personas a quienes se procesa, así como la valoración provisional de la posible calificación de tales hechos como constitutivos de un delito, sin que ello suponga que no puedan calificarse de otra forma.

Suspensión de cargo público

El auto, de 48 páginas, supone el paso previo a la aplicación automática por parte del instructor, Pablo Llarena del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que prevé la suspensión de cargo público de aquellos procesados en firme por rebelión contra los que pese orden de prisión.

En los próximos días el magistrado redactará un auto, que enviará al Parlament de Cataluña según fuentes del alto tribunal, acordando las suspensión como diputados de este órgano tanto de Puigdemont como de Oriol Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Toni Comín y el expresidente de la ANC Jordi Sánchez, quienes actualmente mantienen su acta como diputados en el Parlament.

Esta suspensión -que se diferencia de la inhabilitación en que su aplicación se circunscribe al proceso- no acarrea directamente que los diputados pierdan su condición, sino que no podrán llevar a término tareas ejecutivas como el mero hecho de votar en el Parlament. El texto legal refiere que no se pierde la titularidad del derecho (el cargo público), sino que se procede a la suspensión de su ejercicio.

Por ello, si el independentismo no quiere perder la mayoría en la Cámara catalana, los afectados deberán renunciar a su acta. Si el proceso judicial se alargara, ni Puigdemont ni el resto de acusados por rebelión podrían presentarse a unas nuevas elecciones. Un elemento muy a tener en cuenta en clave política pese a haberse constituido Govern efectivo.

Actos de violencia

A lo largo del auto los magistrados constatan que los investigados por este delito tiene responsabilidad en actos de violencia encaminados a la consecución de una finalidad consistente en la celebración de un referéndum, prohibido por el TC que, según el plan conformado, era un elemento previo e imprescindible para proceder finalmente a la declaración unilateral de independencia, actos cuya ejecución fue asumida y alentada, directa o indirectamente, desde los autores del plan, que, ante la imposibilidad de una negociación orientada a ese objetivo, planearon la movilización popular y el enfrentamiento físico con los agentes representantes del Estado como la forma de obligar a éste a claudicar y aceptar aquella declaración y el mismo hecho de la independencia.

Por ello, indica que "no es descabellado sostener en este momento procesal que existe un alzamiento cuando las autoridades legítimas de una Comunidad Autónoma, integrada como parte de España, deciden, desde el ejercicio del poder, derogar de hecho la Constitución y el Estatuto que garantiza y regula su amplísimo autogobierno, y el resto del ordenamiento jurídico que se oponga a sus designios, sustituyendo todas esas normas por otras emanadas de sus propios órganos legislativos, negando con todo ello la autoridad del Estado y constituyéndose en un poder político absolutamente autónomo, utilizando de forma torticera un poder que les fue conferido con otras y muy diferentes finalidades".

El tribunal concluye que si los procesados pueden finalmente ser vinculados a esos actos de violencia investigados - las concentraciones frente la Consejería de Economía del 20 de septiembre y los hechos del 1 de octubre, día del referéndum ilegal- sobre la base de que previeron los mismos y los aceptaron, e incluso incitaron a su comisión con sus mensajes llamando a la participación, pese a que sabían que el Estado se opondría físicamente a la votación, todo ello para conseguir el objetivo final de la declaración de independencia, es una cuestión que ahora puede ser aceptada indiciariamente y cuya resolución final precisará de la práctica de auténticas pruebas en el juicio. Por todo ello, la Sala considera que los hechos encajan en el delito de rebelión o en defecto de alguno de ellos, de sedición, aunque el bien jurídico protegido en ambos delitos es distinto.

El primero está incluido entre los delitos contra la Constitución y el segundo lo está entre los delitos contra el orden público, de manera que las finalidades de la acción de alzamiento público contempladas en la rebelión no son precisas en el delito de sedición, advierte el tribunal en su resolución.

Malversación y desobediencia

Sobre la malversación que también se imputa a los que fueran exmiembros del Govern de Puigdemont -el auto de Llarena la cifraba en 2,9 millones de euros si bien los últimos informes policiales la elevan a 3,2 millones- el tribunal de apelación dice que hubo "un sistema de engaño" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal de 1-O.

En relación a este delito de malversación, los recurrentes alegaban indefensión por el hecho de que el juez instructor ampliara hechos constitutivos de este delito en el auto en el que rechazaba los recursos de reforma al procesamiento.

La Sala rechaza que exista indefensión puesto que no se trata de hechos nuevos sino "precisiones fácticas del mismo hecho", relativas a haber utilizado fondos públicos para la satisfacción de los gastos originados por las actividades ilegales relacionadas con la celebración del referéndum del 1 de octubre. En este sentido, el tribunal reitera que la instrucción continúa después del auto de procesamiento, por lo que pueden aparecer nuevos datos, sin que ello suponga indefensión para los procesados, "siempre que no impliquen la introducción de hechos que pudieran constituir un nuevo delito diferente de los ya imputados".

Descartada la indefensión, el tribunal concluye que desde la óptica del auto de procesamiento que exige indicios racionales de carácter provisional, en los hechos investigados "se organizó un sistema de engaño que, bajo la apariencia de partidas presupuestarias correctamente ejecutadas, ocultaba el destino de cantidades a otros fines relacionados con la celebración del referéndum".

En lo que se refiere a los delitos de desobediencia -atribuida a las exdiputadas de la CUP Mireia Boya y Ana Gabriel, los exmiembros de la Mesa Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simmó, Ramona Barrufet y Joan Jospe Nuet y los exconsejeros Meritxell Borrás, Lluís Puig, Carls Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret - algunos de los recurrentes habían alegado que se acogieron al Reglamento del Parlament y que su actuación está protegida por la inviolabilidad parlamentaria.

La Sala se remite en su caso a los argumentos que ya ha venido esgrimiendo en autos anteriores, pero considera importante recordar que los actos de desobediencia por los que han resultado procesados los miembros del Parlament no son hechos aislados. "No se han producido en una ocasión aislada respecto de una concreta resolución, sino que, al menos desde noviembre de 2015, las resoluciones del TC, que fueron oportunamente notificadas a los obligados por ellas, fueron sistemáticamente ignoradas, y por ello incumplidas, por los procesados, que actuaban como integrantes del gobierno o de la mesa del Parlamento de la Comunidad Autónoma".

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Comentarios 3

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ATENCIÓN
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El chistorra a organizado a los adoctrinados independentistas por orden de su amo (que está fugado en Alemania) una visita a las cárceles en donde están enjaulados el osito y sus compinches, los adoctrinados que acudan deberán de mostrar sumisión besando el culo sodomizado de dichos presos.

Puntuación 9
#1
RODOLFO ZALAYA ZUBIZARRETA
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Puichdemierda y su tropa quieren la independencia de Cataluña por dos motivos: primero, porque la quieren. Y, segundo, para ganar votos de sus pseudociudadanos catalufos adoctrinados e hipnotizados.

Los politicuchos catalufos se creen seres superiores. Creen que pueden matar o robar y no pisar la cárcel. Creen que tienen derecho a cometer delitos y no ser castigados por ello.

La gentuza catalufa que vota a la CUP, ERC, etc. es precisamente la que no se ducha jamás, no se afeita (me refiero a los hombres), se emborracha todos los días del año, fuma tabaco y porros en los andenes del metro (lugar en que está prohibido fumar) y lleva tatuajes por todo el cuerpo. Es gentuza que está en contra de la famosa "Ley Mordaza".

Por suerte, todavía es gentuza minoritaria. Sin embargo, la epidemia catalufa se va extendiendo cada día más. Los niñas catalufas quieren ponerse únicamente bragas con los colores de la pu-ta estelada de los co-jo-nes.

Puntuación 3
#2
Zurullo interplanetario
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Puichmelón ha acabado ya con toda la producción de patatas "Pringles" (fabricadas en Bélgica). ¡Qué sinvergüenza! Se las ha comido todas.

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#3