El juez del Supremo Pablo Llarena no resolverá sobre la libertad del candidato a la Generalitat Jordi Sànchez antes de que se celebre el pleno convocado para elegirlo, fijado para el lunes, 12 de marzo, porque se ha dado un plazo de cinco días para consultar a las partes antes de decidir.
El juez, que instruye el caso sobre el "procés" a la Declaración Unilateral de Independencia, ha dado al fiscal y los abogados personados en este caso cinco días para que le informen sobre su opinión acerca de la petición de libertad que le ha hecho Jordi Sànchez.
El número dos de JxCat pidió al Tribunal Supremo que lo dejen libre o le permita acudir al Parlament el próximo lunes para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la "legislación vigente".
La clave de bóveda de la instrucción que está llevan a cabo Llarena es la capacidad ejecutoria del poder político, en este caso del Govern, para actuar en contra de las leyes españolas. Esto explica que Carles Puigdemont y Junqueras sean los principales acusados del delito de rebelión y que el magistrado se exponga a que esto vuelva a ocurrir si dejar en libertad a Sànchez y logra ser investido y tomar posesión.
La prisión provisional dictada por Llarena busca limitar el ejercicio efectivo de los derechos que tienen los dirigentes independentistas pero no cortarlos de raíz. Es por ello que han podido concurrir a las elecciones y el juez les ha permitido ser diputados, mantener su acto y delegar su voto en el Parlament. Sin embargo, con su reclusión se evita que reincidan en el delito de seguir adelante con la hoja de ruta independentista.
El hecho de que Sànchez no puede participar físicamente en la votación complica sobremanera el escenario y lo aboca prácticamente al fracaso.
Recurso de su abogado
La defensa del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat), Jordi Pina, ha presentado la tarde de este miércoles un escrito en el Tribunal Supremo para pedir que se pronuncie antes del viernes estrictamente sobre la posibilidad de ser puesto en libertad para acudir al pleno de investidura y, si no se pronuncia o su decisión es negativa, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Según han explicado fuentes jurídicas, en el caso de que el Supremo no se pronuncie sobre esta cuestión en concreto --solamente le piden este punto y no sobre la petición de libertad inmediata reclamada en un escrito anterior que está también pendiente-- o bien le niegue el derecho, acudirán al TEDH para pedir medidas cautelarísimas que decreten su libertad para poder ejercer sus derechos políticos.
Esta decisión se ha tomado después de una reunión esta tarde en el Parlament entre Pina y el presidente de la Cámara, Roger Torrent; el abogado de Jordi Sànchez se ha reunido más tarde con los diputados de JxCat Albert Batet y Elsa Artadi.
En el escrito presentado, el abogado de Sànchez solicita un pronunciamiento expreso del magistrado Pablo Llarena sobre si le permitirá o no salir de prisión para poder defender su candidatura a la Presidencia en el pleno del Parlament.
Los diputados de JxCat en el Parlament Eduard Pujol y Josep Costa han explicado que su grupo mantiene la apuesta por que el candidato a la Presidencia de la Generalitat sea Sànchez y aún ve factible poderlo investir en el pleno convocado para el próximo lunes. Pujol ha lamentado tanto la decisión del Constitucional como la posición del Supremo y sigue confiando en que habrá pleno el lunes: "No entenderíamos que el Supremo no se apresurara a resolver la petición de libertad".
