El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado excarcelar al que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actual diputado electo de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez mientras estudia el recurso de amparo que éste ha presentado contra la medida cautelar que dictó el pasado 16 de octubre contra él la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, han informado fuentes jurídicas. (vea aquí el auto en .pdf)
La pieza de suspensión de la medida cautelar que se incluyó este miércoles en el Pleno del tribunal de garantías está vinculada al recurso de amparo que presentó Sànchez tras ingresar en la prisión de Soto del Real (Madrid) y que el tribunal de garantías admitió a trámite el pasado 5 de febrero.
En un escrito que remitió al TC este martes, tras ser designado candidato a la Presidencia de la Generalitat, Sànchez solicitaba que en atención a esta nueva circunstancia se reconsidera la posibilidad de suspender la medida acordada por la juez Lamela antes del pleno de investidura fijado en el Parlament para el próximo lunes.
Esta posibilidad ha sido finalmente descartada por los magistrados del Constitucional pese a estar aún pendiente de resolverse si el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acuerda conceder o no a Sánchez permiso para acudir al Pleno de investidura del próximo día 12.
El Supremo no lo dejará libre antes del pleno de investidura
Por otro lado, el juez del Supremo Pablo Llarena no resolverá sobre su libertad antes de que se celebre el pleno convocado para elegirlo, fijado para el lunes, 12 de marzo, pues se ha dado un plazo de cinco días para consultar a las partes antes de decidir.
El juez que instruye el caso sobre el procés ha dado al fiscal y los abogados personados en este caso cinco días para que le informen sobre su opinión acerca de la petición de libertad que le ha hecho Jordi Sànchez. De momento, y según informaciones filtradas, se inclina por no dejarlo en libertad.
El número dos de JxCat pidió al Tribunal Supremo que lo dejen libre o le permita acudir al Parlament el próximo lunes para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la "legislación vigente".
La clave de bóveda de la instrucción es la capacidad ejecutoria del poder político, en este caso del Govern, para actuar en contra de las leyes españolas. Esto explica que Carles Puigdemont y Junqueras sean los principales acusados del delito de rebelión y que el magistrado se exponga a que esto vuelva a ocurrir si dejar en libertad a Sànchez y logra ser investido y tomar posesión.
La prisión provisional dictada por Llarena busca limitar el ejercicio efectivo de los derechos que tienen los dirigentes independentistas pero no cortarlos de raíz. Es por ello que han podido concurrir a las elecciones y el juez les ha permitido ser diputados, mantener su acto y delegar su voto en el Parlament. Sin embargo, con su reclusión se evita que reincidan en el delito de seguir adelante con la hoja de ruta independentista.
El hecho de que Sànchez no puede participar físicamente en la votación complica sobremanera el escenario y lo aboca prácticamente al fracaso.
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