El expresidente de la ANC y número dos de JxCat, Jordi Sànchez, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que lo deje en libertad para poder ser investido en un pleno del Parlament el 12 de marzo.
Lo ha hecho en dos escritos al juez en los que a través del abogado Jordi Pina pide que se lo ponga en libertad provisional o se le dé permiso para ir presencialmente al pleno. Argumenta que si no se le permite ir al pleno se estarán vulnerando sus derechos personales y los de los ciudadanos, ya que no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente que quiere investirle.
Por ello, solicita al juez la "inmediata puesta en libertad provisional" y que resuelva el asunto en la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el pleno de investidura se celebrará en seis días. En caso de no lograr la libertad provisional, Sànchez pide que se le otorguen "permisos extraordinarios para poder acudir al acto de investidura previsto para el día 12 de marzo". Esta misma mañana, Roger Torrent ha convocado oficialmente el pleno para esa fecha.
Pina cita el antecedente de Juan Carlos Yoldi, que siendo preso preventivo de ETA fue autorizado por un juez en 1987 para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento vasco. "Esta defensa está convencida de que, más allá de lo que reclamen ahora ciertos partidos políticos o aventuren los medios de comunicación, el Sr. Instructor compartirá el mismo criterio aplicado en su día al 'caso Yoldi' y no desautorizará aquella decisión", arguye Pina.
Pleno respeto a la ley
Pina también pone énfasis en "la muestra evidente de la voluntad, no sólo personal (Jordi Sànchez), sino de todo su grupo parlamentario (JxCat), de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional aunque no se comparta su contenido". Y recuerda que la candidatura de Sànchez se presenta "una vez que se ha decidido retirar la previa candidatura de Carles Puigdemont tras el correspondiente pronunciamiento cautelar del Tribunal Constitucional".
"Si realmente la voluntad de mi mandante -y de los restantes miembros de su candidatura- hubiera sido la de rebelarse violentamente es evidente que en ningún caso se hubiera optado por concurrir a las elecciones o presentar un candidato alternativo" a Puigdemont para presidir un Gobierno autonómico.
Jordi Sánchez, en prisión desde el 16 de octubre, pidió al magistrado por escrito quedar en libertad el pasado 12 de enero, un día después de comparecer ante el magistrado, en el que acató expresamente la Constitución y rechazó la unilateralidad de la declaración de Independencia de Cataluña.
Unos días más tarde, el día 26 de enero, el número dos de JxCat, remitió otro escrito al juez insistiendo en su petición de quedar en libertad en el que argumentó que no hay riesgo de reiteración delictiva y que prueba de ello fue la entrada con toda la normalidad de los agentes de la Guardia Civil en la sede de la ANC en Barcelona, el día 24 de enero. Pero el magistrado rechazó de nuevo su petición.
Querella de JxCat
El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha anunciado hoy que su grupo parlamentario promoverá una "querella criminal" contra el juez del Supremo Pablo Llarena si no deja en libertad a Jordi Sànchez o no le permite acudir al pleno de investidura del próximo lunes.
En rueda de prensa en el Parlament, Pujol ha anunciado la "intención de JxCat de promover una querella criminal contra Llarena por prevaricación si no resuelve favorablemente la petición de libertad de Sànchez".
"Sería un hecho gravísimo, absolutamente inoportuno y que traicionaría la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Los jueces han de ser jueces, han de ser justos y no pueden decidir el futuro político de los países bloqueando investiduras", ha señalado el dirigente de la formación liderada por Carles Puigdemont.
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