El Tribunal de Cuentas ha dado un paso más en la vía que podría acabar con Artur Mas pagando de su patrimonio parte del coste del 9N al decidir este miércoles continuar con el juicio contable contra el expresident y sus consellers por la consulta de 2014. El Tribunal ha abierto el camino para nombrar a un delegado instructor para que determine si debe pagar con su patrimonio los costes de dicha jornada.
Así se ha resuelto en sendos autos conocidos hoy. En uno, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal ha desestimado el recurso de la Generalitat (.pdf) de Cataluña en contra de dicho procedimiento sobre una posible infracción a Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega; tanto a Mas como a sus entonces consellers se les está investigando para determinar si tienen responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de dinero público en la consulta del 9N.
En otro, vistos los recursos de la Generalitat y los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas ha anunciado que continúa el procedimiento (.pdf) mediante la designación de un delegado instructor, lo cual puede recurrir la Generalitat en un plazo de cinco días. En el auto, el órgano fiscalizador recuerda que la Fiscalía denunció en su momento "presuntos daños" a los caudales públicos por el pago de la logística e infraestructura de aquella consulta sobre la independencia de Cataluña.
El desglose de los 5 millones
Los costes investigados van desde los cerca de tres millones de euros invertidos para la adquisición de ordenadores empleados en las mesas de votación, o desde los más de 828.000 para la campaña institucional, al millón de asesoría informática o a los 308.000 euros por envío de información.
En suma, más de 5 millones de euros que pide investigar la Fiscalía y sobre los que podrían responder Mas y los exconsellers con su propio patrimonio, siempre y cuando el Tribunal de Cuentas vea infracción.
La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas considera que puede haberse producido "un posible menoscabo del erario debido a la adopción de decisiones de gasto y pago" sin el "suficiente respaldo normativo", algo que, por otra parte, ha explicitado ya en autos anteriores. Cree, asimismo, que están identificados "de manera suficientemente precisa" unos hechos de los que "se pudiera haber derivado un daño a fondos públicos" y que serían constitutivos de "responsabilidad contable".
La normativa de funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece que, en esos supuestos, ha de solicitarse la designación de un delegado instructor que investigue los hechos. Eso mismo habían pedido ya tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, pero no la Generalitat de Cataluña, cuyos servicios jurídicos han reiterado que lo que cabe es el archivo del proceso al no advertir "alcance contable".
Estima la Generalitat que los gastos reseñados el 9N tuvieron la "suficiente cobertura constitucional, estatutaria, presupuestaria, legal y contable". Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cuestiona que la Generalitat no dé margen siguiera a que un delegado instructor analice los hechos denunciados y corrobora que "no cabe" llegar a la conclusión de que no haya alcance contable.
Por ello, el órgano fiscalizador ha optado por dar el siguiente paso en este tipo de procedimientos, que es el que además marca su reglamento: ese paso es el nombramiento del instructor.
El aviso del Govern
El portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha replicado al Tribunal Cuentas de que no podrá parar la celebración del referéndum del 1 de octubre porque es un "tsunami democrático" que nadie podrá frenar.
Lo ha dicho en el almuerzo coloquio El moment zero organizado por diario El Punt Avui, después de que elTribunal activara la investigación sobre el gasto del 9N.
El nuevo portavoz del Govern ha lamentado que el Estado insista en estas acciones para frenar el proceso soberanista, y ha ironizado sobre la cuantía de los cinco millones de euros: "Si se piensan que por menos de un euro por catalán frenarán la independencia es para reírse".
La decisión del Tribunal de Cuentas llega cuando sólo quedan dos meses y medio para el 1 de octubre, la fecha programada por la Generalitat para la organización de un nuevo referéndum.
