El Govern ha aplazado este viernes las elecciones catalanas al 30 de mayo tras consensuar con todos los partidos políticos. Así comunicó la intención a la Mesa del Parlament este mediodía y, aunque se ha encontrado con la oposición del PSC, ha acabado por decretarlo para evitar así las restricciones por el coronavirus.
Tras varias reuniones desde principios de diciembre, la mesa del Parlament ha celebrado a las 12:00 una reunión en la que el Govern, había propuesto retrasar los comicios a mayo o junio, aunque finalmente ha acabado por decretar el citado 30 de mayo.
La modificación se basa en los informes del departamento de Salud de la Generalitat que pronostica, como peor escenario, en torno a 6.000 casos al día para el 20 de enero, con un pico de ocupación de las UCI con 850 pacientes alrededor del 10 de febrero, pocos días antes de las elecciones. De hecho, la última actualización del informe, presentada el jueves, estima que el 14 de febrero habrá entre 3.000 y 4.000 casos diarios de coronavirus en Cataluña.
Consenso generalizado con la propuesta del Govern menos el PSC, que no quería irse más allá de marzo
Con datos sanitarios cada vez más preocupantes, Govern y partidos han llegado a la cita con diferentes posiciones: con el Govern poniendo como fecha clave la Semana Santa, que este año cae entre el 28 de marzo y el 4 de abril, fuentes cercanas a los partidos han asegurado que durante el encuentro los representantes JxCat y ERC se han alineado con ellos y han avalado aplazar los comicios hasta pasadas las festividades.
Por su parte, en Ciudadanos se consideraba que en marzo la situación sanitaria no habrá cambiado mucho respecto al 14 de febrero, también se había mostrado favorable a situar la nueva fecha electoral en mayo o junio mientras que los comuns habían defendido que fuesen en mayo y se acordase una fecha concreta porque consideraban que es el escenario más seguro, ya que habría un mayor volumen de vacunación entre la población.
También había apostado por aplazar hasta mayo o junio el PP, que consideraba que hacerlas en marzo era demasiado cerca del repunte de la pandemia, mientras que CUP y PDeCAT habían dado el visto bueno a la propuesta del Ejecutivo de celebrarlas tras Semana Santa, eso sí, su propuesta pasaba por ubicarlas entre el 25 de abril y el 15 de mayo.
El único partido que ha defendido hasta el último momento mantener las elecciones el 14 de febrero era el PSC, que tanto a través de declaraciones de sus dirigentes como en un comunicado emitido el miércoles, reiteró que no hay motivos para suspender las elecciones si no hay un confinamiento domiciliario. Sin embargo, en las últimas horas los socialistas catalanes modularon su posición para abrirse a atrasar los comicios y en la reunión de mediodía habrían propuesto como nuevas fechas el 14 o 21 de marzo. Según indicó Miquel Iceta en rueda de prensa posterior, la decisión "no se toma en base a criterios epidemiológicos" y aseguró que el decreto lo leerán y que a partir de ahí decidirán cómo proceder y que mantienen todas las opciones abiertas.
Dos formas de entender el riesgo
La postura del PSC ha provocado acusaciones cruzadas de partidismo. Y es que, la negativa al aplazamiento por parte del partido que cuenta con el aún ministro Salvador Illa como candidato a la Generalitat ha llevado a los demás grupos a interpretar un interés electoralista que desde el PSC, sin embargo, lo encuentran en la urgencia por aplazar los comicios de aquellos partidos que salen mal parados de los sondeos. Tras este cruce de acusaciones estás las encuestas, que otorgan fuerza a Illa para ganar terreno al independentismo e incluso vencer en las elecciones.
Los socialistas catalanes finalmente han propuesto celebrar los comicios "antes de la Semana Santa" para no dejar tiempo a que se genere otra ola. "Con tanto margen los datos epidemiológicos se pueden volver a complicar", explicaron las fuentes a Europa Press.
Los planes del Govern, sin embargo, situaban las elecciones a finales de mayo basados en una teoría completamente opuesta: alejar la votación al menos un mes y medio tras Semana Santa ante el previsible incremento de la movilidad de esas fechas.
¿Tenía la Generalitat potestad para el aplazamiento?
La capacidad legal o no para aplazar unas elecciones es otro de los escollos que ha tenido en cuenta el Govern, que también preparó un informe jurídico para avalar su decisión. El PSC fue el primero en poner en duda la competencia del Govern para hacerlo y ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, advirtió de que la suspensión de comicios no está contemplada en la ley electoral y pidió cautela porque ve una falta de previsión legal: "Suspender la democracia puede traer cosas que no son buenas para la democracia".
Sin embargo, desde la Generalitat han defendido que tenían cobertura legal para posponer la cita electoral por el coronavirus y se escudaron en el ejemplo de Galicia y el País Vasco, que aplazaron los comicios en plena primera ola. Cabe recordar que a diferencia de esas dos excepciones, el Govern de la Generalitat está en interinidad tras la inhabilitación de Quim Torra y el Parlament disuelto.
Así, el Govern ha trabajado en un informe jurídico para dar seguridad jurídica al aplazamiento y además contó con el dictamen de septiembre de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat que avalaba esta posibilidad así como con la referencia al aplazamiento incluida en el decreto de convocatoria del 14F firmado por Aragonès, se incluyó un apunte en el preámbulo que contemplaba la opción de posponer las elecciones por el coronavirus, aunque sin concretar en qué supuesto epidemiológico se podría decidir retrasarlos.
¿Qué pasa con los trámites, plazos o el voto por correo ya enviado?
Ya confirmado el aplazamiento, el Govern está estudiando pedir a la Junta Electoral Central (JEC) que se puedan convalidar algunos trámites y plazos electorales, que ya se habían cerrado para los comicios del 14 de febrero, para que se puedan mantener de cara a la nueva convocatoria.
Fuentes de la Conselleria de Acción Exterior han explicado que al ser una nueva convocatoria electoral se deben volver a hacer los trámites previos habituales en todos los comicios, como recogida de avales para nuevos partidos, presentación de candidaturas y solicitudes de voto por correo. Sin embargo, han añadido que el Govern está estudiando la posibilidad de que los trámites que ya se han hecho se puedan convalidar, aunque lo debe avalar la JEC.
Por ejemplo, se intentaría que los partidos que se presentan por primera vez a las elecciones y han logrado los avales necesarios para el 14F no tengan que volver a recogerlos y que ya cuenten los que han presentado, igual que quieren que las candidaturas ya presentadas se puedan mantener. Pero a la vez avisan de que se tiene que garantizar el derecho de que nuevos partidos, que no han optado a presentarse el 14F, sí puedan hacerlo en los comicios del 30 de mayo, por lo que la idea del Ejecutivo catalán es que se reabra un nuevo plazo para que puedan recoger avales o puedan presentarse nuevas candidaturas.
Del mismo modo, las fuentes ya citadas consideran que tendría sentido que se pudieran modificar las listas presentadas para el 14F, ya que podría darse el caso de que en estos meses alguna formación decida sustituir a alguno de sus candidatos.
Estos aspectos técnicos se recogerán en un decreto de normas complementarias a la convocatoria electoral, que prevén aprobar en los próximos días, y se trata de un decreto diferente del de aplazamiento de las elecciones que previsiblemente aprobará el Consell Executiu este viernes por la tarde.
Otra de las cuestiones que podría cambiar son las solicitudes del voto por correo, que en estas elecciones tienen una relevancia especial por el contexto de la pandemia y porque la Generalitat pretende fomentar esta modalidad de voto para evitar aglomeraciones en los colegios electorales. Las fuentes de Acción Exterior han afirmado que "parece claro" que estas solicitudes se tendrán que volver a hacer porque haber pedido votar por correo en febrero no presupone que también se quiera hacerlo en el mes de mayo.
