Valencia
El banco público valenciano (IVF) autorizó los ejercicios 2016, 2017 y 2018 el reparto de dividendos en la sociedad Pecsa, de la que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, percibió un total de 18.780 euros esos tres años como accionista del 1,16% de esta empresa, editora del diario castellonense El Periódico Mediterráneo. Así consta en los expedientes del IVF sobre la relación financiera de la administración valenciana con el grupo mediático vinculado al dirigente socialista, a los que ha tenido acceso elEconomista.
El Instituto Valenciano de Finanzas, como el resto de acreedores de Grupo Zeta -propietario de Pecsa al 85%-, tenían voz en el reparto de dividendos de la compañía por la cantidad que se les adeudaba, agrupada en un crédito sindicado. Así lo detalla el propio IVF preguntado al respecto por este diario. "El acuerdo de reestructuración de la deuda incorporaba una serie de cláusulas que, como es habitual en estos casos, restringían de forma severa la capacidad de la empresa para la toma decisiones. De ahí la continua sucesión de waivers (en español, dispensas) que constan en el expediente de la operación", relata la entidad.
Al respecto, la firma pública dirigida por Manuel Illueca se excusa en que "la autorización de estas dispensas requería la mayoría simple del pool bancario, siendo en la práctica irrelevante la decisión del IVF, cuyo porcentaje sobre la deuda sindicada total se situaba por debajo del 2%". Es decir: según el banco público valenciano su autorización para que la empresa participada por Ximo Puig repartiera dividendos no fue determinante, puesto que los habría cobrado igualmente.
¿Entonces por qué tomó esta decisión de dudosa estética? ¿Por qué el visto bueno de la administración de Ximo Puig a que reparta dividendos la empresa en la que tiene acciones el mismo Ximo Puig? "La posición del IVF fue siempre la de posicionarse junto a la mayoría de las entidades del pool bancario", argumentan.
"La sociedad Pecsa pagó dividendos en 2016, 2017 y 2018 a sus socios minoritarios, previa autorización de la mayoría del pool bancario, por importe aproximado de 80.000 euros anuales (15% del dividendo total). En todos estos casos, y dada su reducida participación en la deuda sindicada, el IVF condicionó su autorización a la decisión de la mayoría de los bancos que formaban parte del pool. Si la banca privada no hubiera considerado económicamente justificada la decisión, el IVF no habría podido (ni habría querido) autorizar el reparto de dividendos a los socios minoritarios", insiste el IVF, que aclara que la decisión era solo sobre los minoritarios porque el reparto al mayoritario Grupo Zeta (85%) mantenía los fondos dentro del grupo (al tratarse del deudor del sindicado).
El Instituto Valenciano de Finanzas agrega además que "el calendario de vencimientos de la deuda no se vio afectado por el pago de dividendos a los minoritarios (pues el dividendo de 80.000 euros satisfecho a los accionistas minoritarios de Pecsa constituía una cantidad irrisoria teniendo en cuenta el importe de la deuda total del grupo".
Defiende también que "la autorización al pago de estos dividendos estaba plenamente justificada desde una perspectiva económica, pues en caso de no producirse el reparto de dividendos, los minoritarios de Pecsa podrían haber ejercido su derecho de separación, contemplado en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, resultando todo ello en un desembolso a su favor de 2,3 millones de euros (cifra con capacidad real para impactar de forma negativa en la capacidad de repago del grupo)".
El enredo medíatico
Más allá de los argumentos técnicos, la controversia reside, una vez más, en que se trata de decisiones del Gobierno de Ximo Puig que benefician a un grupo mediático en el que tiene intereses. El enredo mediático en el que se halla inmerso proviene de su decisión en 2015 de compaginar su responsabilidad política con la condición de accionista minoritario de El Periódico Mediterráneo, el diario más importante de la provincia de Castellón. En concreto, Puig posee una participación de 210 títulos y 177.886,8 euros de valor contable -según su declaración de bienes- el equivalente al mencionado 1,16% de la sociedad Pecsa.
Al presidente no parece incomodarle este escenario, pues permanece desde 2015 a ambos lados de la ecuación comercial de El Periódico Mediterráneo. Según las cifras del portal de transparencia GVA Oberta, el gobierno de Puig ha contratado publicidad en el medio por casi 640.000 euros desde que es presidente (entre los años 2016 y 2018), y el grueso de este importe ha salido de la propia consejería de Presidencia (más de 430.000, teniendo en cuenta solo 2017 y 2018). Todo mientras, como accionista, el propio Puig ha percibido los mencionados 18.780 euros en dividendos (6.400 euros en 2016, 5.880 en 2017 y 6.500 en 2018, según las declaraciones de bienes realizadas por mandatario en Les Corts Valencianes).
Esta fue la situación durante la primera legislatura, pero en 2019 se agravó el enredo con la compra de Grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica, pues la operación convirtió a Puig, por sus acciones en Pecsa, en socio a través de esta empresa del mayor grupo mediático valenciano, cuyas cabeceras han recibido publicidad institucional por 3,7 millones de euros, el 18,8% de un total de 20 millones repartidos por la Generalitat entre 2016 y 2018, según las cifras de GVA Oberta. Las cantidades repartidas en 2019 todavía no han visto la luz.
Desde entonces Prensa Ibérica posee los periódicos más vendidos en las tres provincias valencianas (Levante-EMV en Valencia, Información en Alicante y El Periódico Mediterráneo en Castellón), con Puig como accionista de este último diario, su exjefa de prensa de directora del primero y una línea editorial afín al líder socialista en las tres cabeceras.
Un "error informático" mantiene oculto el informe que avaló una 'quita' de 1,3 millones de euros
Entre los expedientes sobre las relaciones del Instituto Valenciano de Finanzas con el grupo mediático vinculado a Ximo Puig (que han trascendido tras la solicitud de documentación realizada por el PP en Les Corts Valencianes) destaca una notable ausencia: el informe de Deloitte que permitió una 'quita' de 1,3 millones a Prensa Ibérica cuando ésta compró la deuda de Grupo Zeta.
El grueso de las entidades financieras, entre las que se encontraban Santander, CaixaBank y Sabadell, accedieron a condonar el 70% de los 99,2 millones que adeudaba el grupo. Y, en la misma línea, el banco público valenciano accedió a cobrar solo 500.000 euros de los 1,8 correspondientes a la deuda original de El Periódico Mediterráneo.
Illueca explicó entonces que condonó el 70% ya que, en caso de que Grupo Zeta hubiera ido a liquidación, habría recuperado menos del 30% -según el análisis de Deloitte-. Pero nada dijo de otros posibles escenarios ni facilitó el informe. Tampoco se lo entregó al PP en su solicitud de información "por un error informático", según defiende el IVF, si bien afirma que sí lo hizo anteriormente en otra demanda de documentos. Los populares, por contra, sostienen que nunca se les ha proporcionado.
El devenir de los acontecimientos también deja lugar para la suspicacia en el caso de la 'quita'. Según reconoció el propio Illueca, el IVF fue autorizado por el Gobierno Valenciano para realizar 'quitas' tan solo días antes de que se produjera la misma, con la aprobación de un Decreto a mediados de marzo de 2019 que contó con el voto a favor del propio Ximo Puig.
Además, el director general reconoció que la condonación a Prensa Ibérica se pactó previamente, antes de que hubiera decreto. Fue, por tanto, la primera 'quita' del banco público valenciano, realizada precisamente con la deuda de una empresa en la que tiene intereses el presidente valenciano. Al respecto, Illueca apunta que ya se han tramitado más 'quitas' haciendo uso del decreto para cobrar parte de las deudas de empresas en riesgo, y que este mismo lunes se activa el proceso para realizar una.
El PP, sobre la 'quita' de 1,3 millones, denuncia la ocultación del informe de Deloitte, y afea al IVF que aprobó el expediente "en tiempo récord". "Todos los informes fueron firmados en la misma fecha por el director del IVF, y la aprobación del Consejo se produjo una vez formalizada la quita", denuncia el diputado 'popular' Rubén Ibáñez. "El decreto fue a medida para la operación, dado que exceptúa de formalismos a operaciones sindicadas cómo era esta", agrega.
