Cada día que pasa, el aumento del número de casos de coronavirus en España paraliza más la vida del país. En el horizonte político, una de las mayores complicaciones se avecina con las elecciones autonómicas gallegas y vascas convocadas para el 5 de abril.
La falta de precedentes de una situación así ha provocado que la opinión generalizada sea aplazarlas, aunque nadie sabe cómo. Es en esta tesitura, los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu buscan asesoría jurídica y sanitaria mientras apuntan a una Junta Electoral Central (JEC) que esta semana se ha desmarcado de semejante decisión y al Gobierno central.
La propia situación ha hecho que ambos presidentes autonómicos hayan modulado su mensaje en las últimas horas. Si Urkullu rechazaba de plano alterar las elecciones y Feijóo decía que no quería que no se produjesen, ambos han abierto la puerta a ceñirse a lo que digan esencialmente los servicios jurídicos y los técnicos sanitarios.
Feijóo: "Si no hay garantías para celebrar las elecciones, como responsables de salud pública, lo diremos"
Tras admitir que ha pedido informes a la Asesoría Jurídica de la Xunta y también de expertos sanitarios sobre el impacto que tendría celebrar los comicios, Feijóo ha anticipado: "Si no hay garantías para celebrar las elecciones, como responsables de salud pública, lo diremos".
A renglón seguido, ha incidido en que la decisión última correspondería al Gobierno central. No en vano, ha admitido que "no hay previsión legal" que permita aplazar los comicios y tendría que hacerse una interpretación "constitucional" de la ley.
Preguntado acerca de si requeriría cambios en la Constitución, ha respondido que, bajo su punto de vista, no es preciso que el supuesto de aplazar los comicios esté en la Carta Magna, aunque ha matizado que quizás sí sería "bueno" que se contemplase en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).
Pacto político sí o sí
Dos expertos juristas consultados por Europa Press, el exministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña, Francisco Caamaño, y el también catedrádico de la misma rama en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Roberto Blanco Valdés, discrepan sobre la idoneidad de aplazar las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril, aunque coinciden en que se podría buscar una solución legal. Eso sí, hacerlo exigiría de un pacto político.
De este modo, Caamaño, explica que sería posible un aplazamiento de la cita electoral pero solo en el caso de que se tratase de un acuerdo "unánime" y que estaría "al margen" de la "previsión legal" que marca la Constitución.
"En mi opinión, tendría que haber un acuerdo en el Parlamento correspondiente, tendría que estar de acuerdo la junta electoral y después habría que formalizarlo en un decreto del gobierno", señala el que fuera ministro de Justicia en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La Ley 4/1981
Mientras Caamaño alerta del precedente que sentaría aplazar unas elecciones, aún de ser posible articular una vía legal, el catedrático Blanco Valdés ha asegurado, en declaraciones a EP, que se él no tiene "la más mínima duda" de que se puede dar este paso e incluso considera que debería analizarse ya esta posibilidad.
Aunque no duda de que hay vías legales si llegado el momento se decidiese aplazar los comicios, Blanco Valdés coincide con Caamaño en que cualquier paso de este tipo exigiría del acuerdo de los principales partidos.
La vía, a su modo de ver, estaría en la Ley 4/1981 de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que recoge expresamente el caso de una crisis sanitaria. Sin embargo, habría un problema, y es el que el artículo 11 de esta norma cita expresamente una batería de medidas que, decretado el estado de alarma, podría tomar el Gobierno, pero entre ellas no está la alusión a aplazar o suspender un proceso electoral.
