La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha planteado la posibilidad de activar en Murcia el artículo 155 de la Constitución si el Gobierno regional no atiende a la petición de suspensión del 'pin parental' en los colegios, un comentario que más tarde ha calificado de irónico.
Según ha relatado en una entrevista en Cadena Ser Las Palmas, la intervención de la Comunidad sería una posible medida a adoptar si el Gobierno de Murcia no accede a la petición realizada desde el Ejecutivo de retirar la necesidad de que los padres autoricen a los profesores la impartición de clases afectivo-sexuales a sus hijos, una exigencia concedida a Vox a cambio de su apoyo para sacar adelante los Presupuestos de la región.
En cualquier caso y a pesar del desarrollo en su explicación, poco después de esas declaraciones, la propia Rosell aclaraba en un mensaje escrito en su perfil de Twitter que se trataba de un comentario irónico: "La frase empieza '¿se imaginan?' y termina con una carcajada. Se llama ironía. Lo de enfrente, manipulación".
Un "camino similar al de Cataluña"
Rosell, que con esta polémica se estrena en el cargo, ha recordado que "hay unos cauces jurídicos, que pueden no ser necesariamente judiciales sino incluso administrativos, de requerimiento para que cumpla la obligación". Es en este punto donde se ha abierto a aplicar "incluso del 155 en Murcia porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables", en referencia a la medida casi inédita.
Rosell ha considerado que, de seguir así, Murcia estaría siguiendo un "camino similar al de Cataluña" por actuar de manera "unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico".
En caso de activarse finalmente el 155, el Gobierno debería enviar un requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y, en caso de ser ignorado o de respuesta negativa, el debate saltaría al Senado, donde habría de votarse la intervención de esa competencia -o de todas-, que pasaría a cargo del Ejecutivo si la propuesta saliera adelante con la mayoría absoluta de la Cámara Alta.
Para Rosell, los representantes políticos tienen "la obligación de tratar a todo su alumnado por igual y garantizar los derechos de las personas mas vulnerables".
Precisamente hoy, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia de PP y Ciudadanos para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental" antes de que el Ejecutivo, como anunció el pasado viernes, recurra esta medida en los tribunales.
