El abogado del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reclamado este jueves al instructor de la causa del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que desactive las órdenes de detención que pesan contra él y se aparte de la causa "por carecer de la más mínima apariencia de imparcialidad".
En un escrito de 63 páginas presentado en respuesta a la petición del propio Llarena -tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la inmunidad como europarlamentario del líder de ERC, Oriol Junqueras, mientras estaba siendo juzgado por este asunto- el letrado concreta que deben quedar sin efecto tanto la orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión contra Puigdemont como las órdenes europea e internacional de detención emitidas, "por haber sido dictadas sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo".
Reclama igualmente que se anulen" cualesquiera otras medidas cautelares que subsistan" contra el expresident, que se encuentra huido en Bélgica, incluso las acordadas con anterioridad a la adquisición de su condición de diputado al Parlamento Europeo, "por resultar incompatibles con las inmunidades inherentes a esa condición".
Reclama también el sobreseimiento de la causa penal que se sigue contra él en España
También pide que se declare por el Supremo que no procede la adopción de medida alguna privativa de libertad o restrictiva de la libertad de movimientos del líder independentista huido y, finalmente, que se decrete el sobreseimiento libre de la causa, "por no resultar los hechos por los que viene perseguido mi defendido constitutivos de delito alguno".
Este pasado lunes, la Fiscalía solicitó al magistrado de la Sala II e instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, pedir al Parlamento Europeo a la mayor brevedad la retirada de la inmunidad al expresident de la Generalitat Carles Pugidemont y al exconseller Toni Comín y mantenga la euroorden de detención contra ambos que reactivó tras conocerse la sentencia del juicio al procés.
Tras la sentencia llegada desde Europa, Llarena, abrió un plazo de cinco días para que Fiscalía, acusaciones particular y popular, y las defensas de Puigdemont y Comín formularan las alegaciones al fallo que consideraran convenientes ante la posibilidad de que el auto pudiera tener la misma incidencia en Junqueras que en los huidos.
Para la Fiscalía, la inmunidad parlamentaria debe entenderse para garantizar el buen funcionamiento de la institución y la independencia de sus miembros, pero en ningún caso como un "privilegio personal del diputado".
