España celebra este viernes el 41 aniversario de la Constitución de 1978, y lo hace con la mayor fragmentación de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento y en el Senado, cámaras en las que nacionalistas, independentistas y partidarios de la República, como Unidas Podemos, sobrepasan el 20% del total del hemiciclo.
El momento de inestabilidad en el que tiene lugar el homenaje de la Carta Magna se recrudece con un Gobierno en funciones, imbuido en las negaciones para sacar adelante la investidura de su candidato, Pedro Sánchez. Y a día de hoy, Sánchez solo cuenta con la coalición de Pablo Iglesias, y el interés de ERC, con quien ya se ha sentado dos veces para determinar que el problema de Cataluña no es un problema de convivencia, sino de conflicto político al que hay que dar solución política.
El temor de padres de la Constitución, como Alfonso Guerra, es que un acuerdo como la Esquerra Republicana de Cataluña es como dar una granada explosiva a un niño. Recuerda el exvicepresidente socialista de los gobiernos de Felipe González, que fueron los propios nacionalistas los que en su día rechazaron una enmienda a favor de la autodeterminación al encontrar que ese concepto rayaba la independencia, un paso que los nacionalistas no estaban dispuestos a dar en aquel momento constituyente de la historia de España. Guerra sostiene también que el PSC está haciendo un mal servicio a España al introducir de nuevo el concepto de nacionalidades dentro de un Estado, y mantiene que fue el PSOE el partido que supo contener la pulsión independentista que Cataluña arrastra desde finales del siglo XXI.
Los más amenazados
En la actualidad, el Parlamento español cuenta con un 20% de grupos políticos entusiastas declarados de la autodeterminación, de un referéndum soberanista, y hasta de una consulta para decidir si la monarquía es el modelo de que tiene que prevalecer en España. Este grupo lo forman Esquerra Republicana, Junts per Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, Bloque Nacionalista y la CUP (Candidatura de Unidad Popular), de estreno en la Cámara Baja. Por su parte, Unidas Podemos también es partidaria de la República, con el aditamento de que ésta tiene que ser feminista. Así, entre unos y otros, suman partidos suman 70 de los 350 escaños que se reparten en el Hemiciclo.
Aunque cambiar la Constitución Española no es fácil, la irrupción de estas fuerzas, y el papel relevante que han ido tomando en los últimos años, sobre todo a partir de la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, suponen un desafío a una parte notable del articulado.
En el artículo 1 de la Constitución, en el Título Preliminar, queda determinado que España es un Estado social y democrático de Derecho, donde la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y cuya forma política es la Monarquía parlamentaria. Elementos que han sido puestos en cuestión por independentistas que sostienen que la soberanía reside en los territorios, y no en el conjunto de la ciudadanía española.
En el artículo 2 de la Constitución se abunda en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, en la que se garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas.
Con la crisis económica y el creciente desafío soberanista, este artículo 2, de los nueve que cierran el Título Preliminar, es uno de los más amenazados por las fuerzas políticas que facilitaron la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
Hoy, los socialistas, de la mano del PSC, han dejado abierto un cambio de nomenclatura de nacionalidad a nación dentro de un Estado federal y plurinacional, si bien el concepto federalista es uno de los fundamentos de esta Constitución, en la que las autonomías tienen un desarrollo extraordinario por alto nivel de competencias delegadas desde la Administración Central.
Pero el guiño del PSC no es suficiente para los nacionalistas. Estatutos como el vasco, en pleno periodo de reforma, reviste la autodeterminación con el derecho a decidir, aspectos ambos que chocan diametralmente con los pilares de la Constitución de 1978. No obstante, el PNV condiciona en todo momento el derecho a decidir a un pacto previo con el Estado. Claro que no pasa por alto que la foto fija del Parlamento de hoy no es la de aquella Cámara Baja donde el Plan Ibarretxe fue rechazado en 2005 por 323 votos en contra.
En lo relativo al artículo 3, donde se legisla que el castellano es la lengua española oficial del Estado, respetando que las demás lenguas oficiales serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con los Estatutos, podría decirse que ha sido uno de los artículos más vulnerados, tal y como demuestran las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, lo que no ha frenado las invasiones de competencias de algunas comunidades en administraciones como la Educación o la Sanidad, que impiden que alumnos estudien en castellano, o que facultativos atiendan a los pacientes en la lengua oficial del Estado. Singular es el respeto de algunas formaciones hacia el artículo 6, según el cual los partidos expresan el pluralismo político, y su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a de la ley.
De forma contundente, con el 1-O, este artículo saltó por los aires en Cataluña por parte de las fuerzas independentistas. Recientemente, el día que sus señorías tomaban posesión de su cargo y prometían o juraban acatar la Constitución, algunos mimbres del artículo VI también se resintieron.
Pero reformar el texto constitucional, como de manera intermitente se ha ido planteando durante los 41 años de vida de la Ley, especialmente en lo relativo a la organización territorial, no es un tema sencillo, máxime cuando no existe un debate en profundidad y las propuestas antagónicas no se dan en un marco de diálogo.
Según la Norma Suprema, es el Título X, en sus artículos del 166 al 169 en los que se recoge cómo reformar el texto constitucional. En sustancia, los proyectos de reforma deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras. Y si no hubiera acuerdo entre ambas, se creará una comisión de composición paritaria, que ha de presentar un texto para después votarlo por Congreso y Senado.
Mayorías blindadas
De no lograrse la aprobación mediante este último procedimiento, valdrá la mayoría del Senado y la mayoría de dos tercios del Congreso (232 diputados). Una vez aprobada la reforma por las Cortes, la misma será sometida a referéndum para su ratificación cuando lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras.
En el caso de que se propusiese una revisión total o una parcial que afecte al Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, que deberá proceder al estudio del nuevo texto, que habrá de ser aprobado por mayoría de dos tercios, para después ser ratificada por referéndum.
La Constitución del 78 apenas ha tenido dos retoques. El artículo 13.2 y el artículo 135. El primero para permitir que los extranjeros pudieran presentarse y votar en las municipales, y el segundo para dejar sujeto a ley el principio de estabilidad presupuestaria.
El desarrollo del artículo 155
Si hay un artículo controvertido y enigmático, por su falta de desarrollo, es el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno del Estado controlar la actividad de las Comunidades Autónomas en situaciones extremas, como la vivida con el referéndum del 1 de octubre y con el procés catalán. Nunca un Gobierno en 40 años se había ni siquiera planteado emplearlo, por lo que nunca se ha desarrollado en una ley.
El críptico anuncio, hace unos días, de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, con el trasfondo de las negociaciones para la investidura con ERC, de la posibilidad de "hablar" sobre el Título VIII de la Carta Magna ha abierto las especulaciones sobre si aparte de abordar asuntos tributarios o de transferencias de Justicia, se podría abordar una posible modulación del citado artículo 155, que se ha convertido en un auténtico anatema para los independentistas.
