Tras quedar visto para sentencia el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por cargo de desobediencia, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como acusado, se abre una panoplia de posibilidades para el futuro de la institución catalana.
Si la sentencia del TSJC fuese absolutoria, el presidente de la Generalitat continuaría en su puesto sin mayores cambios. Los mismo ocurriría, si aun siendo la sentencia condenatoria, el Tribunal Supremo le absolviese tras presentar un recurso.
Una condena de inhabilitación por desobediencia no podría aplicarse hasta que la sentencia del TSJC fuera firme. La firmeza se alcanzaría bien por renuncia de Torra a recurrir ante el Supremo, lo que teniendo en cuenta el modus operandi de la defensa de los investigados y condenados del procés, parece poco probable, o bien mediante una resolución del TS ante un recurso de casación, lo que puede tardar entre ocho y nueve meses según los tiempos que viene manejando su Sala del o Penal.
Una sentencia condenatoria abre dos opciones distintas, tanto si la inhabilitación a Torra le llegase tras el recurso al Tribunal Supremo como si decidiese no recurrir: se abriría un plazo de investidura para designar al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, o en caso de no alcanzar un acuerdo, se abriría automáticamente un periodo de dos meses para la celebración de elecciones.
Una cosa si parece clara en el caso de que Torra sea inhabilitado: la aplicación de la Ley de Régimen Electoral General (Loreg) le impedirá presentarse a la reelección, aunque el fallo aún no sea declarado firme por el Tribunal Supremo.
El lunes, el presidente catalán lanzó reproches a la JEC, a Fiscalía y al tribunal que dejó el caso visto para sentencia, y sostuvo que, si no es absolutoria, el caso llegará a los tribunales europeos, "donde los catalanes encontramos la Justicia que ya no encontramos aquí".
