El Gobierno ha acordado este viernes presentar ante el Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución de sentencia contra varios apartados de la resolución aprobada por el Parlament el pasado 25 de julio en la que se ratifica el derecho a la autodeterminación y se reprueba al Rey Felipe VI.
Según ha explicado la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, el Ejecutivo considera que estas resoluciones, sobres las 'propuestas para una Cataluña real', vulneran "directa y frontalmente" varias sentencias del Constitucional por lo que solicita su "declaración de nulidad y su inmediata suspensión".
También que se advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a la Mesa de su obligación de acatar estas sentencias y se les aperciba de las responsabilidades en las que pueden incurrir.
El recurso del Gobierno al TC se refiere en concreto a los apartados sobre la "ratificación en defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo catalán" y al que recoge la reprobación del Rey.
Dos meses tarde
El ahora mismo responsable en funciones del Ministerio de Política Territorial, Luis Planas, ha explicado que se ha tardado dos meses en denunciar ese acuerdo de julio porque requiere "una preparación jurídica interna" y porque el Gobierno ha determinado que "este era el momento oportuno". "Es tema suficientemente riguroso y serio como para que el Consejo se haya tomado su tiempo", ha añadido.
Planas ha asegurado que se recurre a la fórmula de la ejecución de sentencia porque el TC ha dejado claro ya que resoluciones como las del 25 de julio no son legales. "Las sentencias son bloque de constitucionalidad y le pedimos al Tribunal que pida que sus sentencias se ejecuten", ha recalcado.
El objetivo del Gobierno es que el Tribunal anule esos acuerdos, pero ha recalcado la petición al TC de que dirija una "clara advertencia" a los miembros de la Mesa de que deben velar por el cumplimiento de la legalidad y de que no hacerlo tiene "repercusiones penales".
Preguntado por cuáles pueden ser estas consecuencias, Planas ha respondido que "probablemente" se podría incurrir en desacato, pero que hay varios tipos penales "que habría que examinar". "Pero lo mejor para todos es que la Mesa cumpliera lo que le indica el Tribunal", ha agregado.
Las últimas resoluciones del Parlament
El hecho es que esta decisión llega cuando se está a la espera de que el Gobierno recurra otros acuerdos del Parlament más recientes. En concreto, de la semana pasada, cuando la Mesa permitió que se votara tres resoluciones pidiendo la salida de la Guardia Civil de Cataluña, una respuesta institucional contra la sentencia del 'procés' y un acuerdo por la amnistía y la autodeterminación de Cataluña.
El Gobierno estaba a la espera de la publicación en el Boletín del Parlament de estos acuerdos para poder recurrirlos este viernes, pero esa publicación se ha producido casualmente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Qué bien cronometrada está la actuación del Parlament de Cataluña", ha reaccionado con ironía el ministro Planas, que ha agregado a modo de advertencia: "La nuestra, también. Sépanlo". Planas ha confirmado que en cuanto le sea posible el Gobierno también tomará medidas contra las resoluciones de la semana pasada.
