Madrid
Decepción, prisa, urgencia, frustración... son los sentimientos que acompañan a los agricultores en los últimos días. Porque exigen la suspensión, de manera inmediata, del acuerdo comercial en materia agraria entre la Unión Europea y Marruecos. Así lo comunica la Coordinadora de Organización Agrarias y Ganaderas (COAG), que justifica su petición en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que confirma que dicho acuerdo, modificado en 2019, viola el derecho internacional, por vulnerar los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental.
El responsable de frutas y hortalizas de la organización, Andrés Góngora, ha participado en una conferencia en el Congreso sobre el Sáhara Occidental, organizada por el Frente Polisario y varios grupos parlamentarios, para dar a conocer los términos de la sentencia.
La sentencia del Tribunal europeo confirma definitivamente la anulación de la decisión del Consejo que modifica el Acuerdo UE-Marruecos en materia de liberalización comercial de los productos agrarios, ampliando las preferencias arancelarias en él contenidas a los productos originarios del Sáhara Occidental.
El tema es que permite que el acuerdo se mantenga durante un periodo de 12 meses, para paliar las consecuencias negativas que entrañaría la anulación inmediata de mismo.
Ahí llega la queja de los agricultores europeos, que denuncia que ellos no tuvieron periodo de gracia, y sufren cada día "la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del acuerdo", como señaló Góngora, en declaraciones recogidas por EP.
"Si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la UE no puede cerrar los ojos y mantener 12 meses más en vigor un acuerdo ilegal, sólo para favorecer a determinadas empresas transnacionales, mientras los productores continuamos perdiendo rentabilidad y desapareciendo", insistió.
No se ha quedado ahí, poniendo el foco también en que "la Unión Europea y el Gobierno de España están rendidos a las demandas de Marruecos, que utiliza un perfil negociador basado en el chantaje, en el que se utiliza el terrorismo, la inmigración y la droga como argumentos para obtener contrapartidas". Esas contrapartidas, señalan, ponen el riesgo el futuro de los agricultores europeos, pero también dañan los intereses de los contribuyentes, porque no reciben los ingresos aduaneros correspondientes por los productos importados.
La megalópolis del tomate
Esta situación beneficia directamente al rey de Marruecos, Mohamed VI, que está construyendo de forma ilegal la megalópolis del tomate, en Dakhla, a costa de los saharauis y los agricultores del sudeste español, como señala un informe elaborado por la ONG Mundobat y la Coag. Una ilegalidad, apuntan, que solo se entiende por las ventajas de este acuerdo de libre comercio para Marruecos, los deficientes controles en la frontera y la desidia de las administraciones de España y de Europa.
"Le han dado 12 meses de gracia. Mohamed VI sigue con el chantaje por sistema: control en inmigración, drogas y terrorismo a cambio de barra libre en frontera para preparar las ensaladas de los 500 millones de consumidores europeos", apuntó Coag en redes sociales.
7/ Le han dado 12 meses de gracia. Mohamed VI siguen con el chantaje por sistema: control en inmigración, drogas y terrorismo a cambio de barra libre en frontera para preparar las ensaladas de los 500 millones de consumidores europeos. pic.twitter.com/voDu2BSbkW
— COAG (@La_COAG) November 18, 2024
Esta investigación desvela cómo cinco grandes grupos empresariales, algunos participados por el propio Mohamed VI y el exministro de Agricultura de Marruecos, explotan tierra fértil de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, para crear uno de los mayores centro de producción de tomate a nivel mundial. De hecho, el plan 'Generation Green' marroquí pretende contar en 2030 con 5.000 hectáreas de producción hortícola en la región.
Por contra, el epicentro de la producción nacional de esta hortaliza, Almería, ha perdido 2.200 hectáreas de cultivo en apenas 5 años, ante la creciente presión de las importaciones, como denuncian desde Coag.
La guerra del etiquetado
Entre las irregularidades que detecta el estudio sobre el macro-proyecto agrícola marroquí, se encuentran la vulneración de derechos fundamentales del pueblo saharaui, la discriminación laboral hacia esta población, la usurpación de sus recursos naturales, además del fraude a los consumidores europeos en materia de etiquetado.
Esta, en concreto,la del etiquetado, es una batalla que las organizaciones agrarias llevan peleando mucho tiempo. La legislación europea exige que los productos hortofrutícolas importados deben indicar el país de origen. Y, en este sentido, los tomates o melones del Sáhara Occidental deberían indicar este origen, y no Marruecos. Como denuncian, "es un fraude al consumidor por parte de las empresas que importan producto de Marruecos, que en muchas ocasiones cuentan con capital europeo, y están haciendo competencia desleal".