La ministra de Justicia, Pilar Llop, aprobó ayer una orden ministerial por la crea un grupo interministerial de asesores (de Interior, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Igualdad, Trabajo y Economía Social, Derechos Sociales y Agenda 2030, y Hacienda y Función Pública) así como diversos expertos para la elaboración de la futura Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, que deberá concluir sus trabajos el 30 de mayo de este año como muy tarde.
El objetivo de la norma es tener un alcance general que permita identificar, atender y reinsertar a las víctimas de toda clase de trata, con independencia de las medidas concretas que se adopten para hacer frente a la trata con fines de explotación sexual, que es la trata más frecuente y además tiene un claro componente de género, según recoge la orden ministerial.
La ley incorporará una perspectiva de derechos humanos y de género que tenga en cuenta la discapacidad, la diversidad y el interés superior del menor.
El proceso se orientará hacia la detección e identificación, atención, protección y reintegración social de las víctimas, por lo que se trabajará en tres ámbitos de actuación: la prevención, la protección y la persecución.
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente para la modificación del arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.
La Comisión Europea abrió expediente a España en relación con el sistema de aranceles, por entender que debe ser reformado para adaptarlo al derecho comunitario.
Por este motivo el Ministerio de Justicia ha realizado esta propuesta normativa, con la que se quiere suprimir la cantidad mínima obligatoria del arancel, optando por un sistema en el que se fija la cantidad máxima del mismo.
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