Madrid
Dice sabiamente nuestro refranero eso de que "cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar". Pues bien, estos días acabamos de ver como en Francia, nuestro vecino del norte, el primer ministro, François Bayrou ha presentado un plan de ajuste presupuestario de 43.800 millones de euros para evitar la quiebra del país, que contempla medidas como la congelación de las pensiones, la reducción de empleados públicos e incluso la eliminación de dos festivos con el objetivo de conseguir una drástica reducción de déficit y deuda.
"Francia debe reconocer la situación en la que se encuentra" ha explicado Bayrou, con una deuda de más de 3,3 billones de euros, que representa casi el 114% del PIB y un déficit público del 5,8% del Producto Interno Bruto a cierre de 2024 que pretende rebajar al 3% en 2029. Al tiempo que recordaba que cuando un gobierno se ve obligado a pedir prestado para cubrir los gastos corrientes, pagar las pensiones o los salarios de los funcionarios, eso se llama sobreendeudamiento y supone "una maldición para las familias, para las empresas y para el país". Pues bien, aquí en la España del sanchismo, la situación de las finanzas públicas españolas es sustancialmente más frágil de lo que afirman los optimistas mensajes y las cifras maquilladas del Gobierno.
La deuda pública española, en términos consolidados, alcanzó los 1,663 billones de euros el pasado mes de abril. El récord histórico se alcanzó en marzo, con 1,667 billones y volverá a superarse en los próximos meses. Aunque el Gobierno presume de que, medido en porcentaje del PIB, la deuda representa el 102,7%, 2,56 puntos menos que hace un año, la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) estima que se trata de una mejoría muy pasajera y prevé que si no se toman medidas contundentes, que la deuda llegará a la cifra escandalosa del 181% del PIB en 2070. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa se han acumulado más de medio billón de euros de nueva deuda, a pesar de la inflación, la recaudación fiscal récord y los fondos europeos, mientras que el crecimiento del PIB, que el gobierno esgrime como argumento para reducir el ratio de la deuda, en realidad es un crecimiento ficticio que obedece sólo a la inflación.
Factores todos ellos que tampoco impiden que el déficit público suba un 5,7% hasta abril mientras el desequilibrio del Estado aumenta un 11,3% hasta mayo en un contexto en el que los ingresos del Estado por IRPF crecen un 20,9% en el acumulado de los cinco primeros meses, los obtenidos por el Impuesto sobre la Renta de no residentes suben en un 46,9% y el crecimiento de la recaudación fiscal total alcanza el 11,4%. Mantener un déficit del 2,8% del PIB en un año de crecimiento excepcional y recaudación récord revela un desequilibrio estructural profundo que compromete la sostenibilidad fiscal a medio plazo y reduce el margen de maniobra ante futuras crisis. Porque como demuestran la teoría y la práctica económica la auténtica consolidación fiscal no consiste en reducciones marginales del déficit en años de bonanza, sino en reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad del sistema en todo el ciclo económico manteniendo los servicios públicos de calidad.
La posición fiscal española resulta aún más preocupante al compararla con la evolución de nuestros socios de la UE donde países como Alemania han aprovechado los años de crecimiento para alcanzar el equilibrio presupuestario, e Irlanda ha reducido su ratio de deuda por debajo del 50% del PIB, España mantenía déficits considerables y preocupantes. Dentro de la eurozona, sólo Italia, Francia, Bélgica y Grecia presentan una situación similar de alto endeudamiento y déficit estructural persistente. Como advertía el citado François Bayrou a los franceses "nunca debemos olvidar la historia de Grecia, ni su ejemplo". Recordemos que el pueblo y el Estado griegos, tuvieron que hacer inmensos sacrificios, vender patrimonio y activos estratégicos, recortar las pensiones un 30% y los salarios un 15%. El que avisa…, no es traidor.