Madrid
En 2025, las políticas de Competencia atraviesan una transformación profunda. El dato —su volumen, estructura, acceso y uso— ha pasado a ocupar el epicentro de las investigaciones regulatorias, alterando no solo la forma en que se analizan las operaciones corporativas, sino también las estrategias con las que las empresas deben anticiparse a los riesgos. Este cambio de paradigma queda perfectamente ilustrado en el reciente informe de FTI Consulting, "The 25 Data Trends Shaping Antitrust in 2025", que desgrana con precisión las claves que están redefiniendo el terreno regulatorio. Ya no basta con cumplir los marcos legales tradicionales: el verdadero desafío reside en gestionar de forma proactiva el ciclo de vida de la información.
Uno de los hitos más significativos de esta evolución se encuentra en Estados Unidos, donde las enmiendas a la Ley Hart Scott Rodino, en vigor desde febrero, han ampliado sustancialmente las exigencias documentales en las notificaciones iniciales de fusiones. Las empresas deben presentar, desde el primer momento, documentos internos y comunicaciones relevantes. Esta obligación pone a prueba la solidez de la gobernanza de datos corporativa y marca una nueva etapa en la relación entre empresas y reguladores. En paralelo, Reino Unido ha reforzado su capacidad investigadora con la Ley de Mercados Digitales, Competencia y Consumidores (DMCCA), otorgando a la autoridad de competencia nuevas potestades de preservación documental y mayor amplitud de actuación durante las inspecciones sorpresa. Este contexto está dando lugar a un nuevo tipo de registros híbridos en Europa: visitas domiciliarias, análisis de dispositivos personales y actuaciones virtuales son ahora parte del repertorio de herramientas del regulador.
La expansión del foco supervisor alcanza también las fuentes de datos emergentes. Las plataformas de mensajería, herramientas colaborativas en la nube y sistemas desarrollados a medida —muy comunes en el entorno tecnológico— plantean importantes desafíos de recopilación, revisión y entrega de información. Las autoridades no solo esperan que las compañías localicen estos datos, sino que también utilicen herramientas avanzadas de preservación, capaces incluso de recuperar archivos borrados o detectar actividad a nivel pericial informático. Un factor que añade una nueva dimensión a esta realidad es el uso creciente de inteligencia artificial generativa por parte de los reguladores. Estas tecnologías permiten procesar grandes volúmenes de datos para identificar indicios de conductas anticompetitivas. Las compañías deben asumir que cualquier dato entregado en un contexto regulador puede ser reutilizado o reinterpretado en nuevas investigaciones.
El marco normativo se densifica aún más con la proliferación de leyes de protección de datos y regulación digital, como el Reglamento General de Protección de Datos europeo, las normativas estatales en EEUU, la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales o el nuevo Reglamento Europeo sobre inteligencia artificial. Todos estos marcos convergen hacia un punto común: el escrutinio intensivo del dato en los análisis de Competencia. Este entorno ha dado lugar a un fenómeno cada vez más habitual: operaciones de fusión en las que el activo más valioso ya no es una patente ni una línea de producción, sino la base de datos de clientes o el control sobre información sensible. Las autoridades están respondiendo con exigencias inéditas, como planes de corrección, restricciones de acceso tras la fusión, o medidas para segregar la información en función de su naturaleza y riesgo.
Además, los modelos de precios basados en algoritmos, diseñados inicialmente para optimizar estrategias comerciales, están en el centro de un debate sobre la colusión tácita. Cuando distintos algoritmos ajustan precios de forma similar, sin acuerdo explícito entre empresas, puede surgir una forma de coordinación no deseada. La comprensión técnica de estos modelos, su lógica de funcionamiento y la trazabilidad de los datos empleados son ya aspectos clave ante una posible investigación.
Otros elementos completan este nuevo escenario: el auge de la mensajería efímera como riesgo documental; la presión creciente sobre fondos de capital privado con múltiples participadas; o la importancia de coordinar a las partes en procesos de fusión para garantizar coherencia en las respuestas regulatorias. Incluso la documentación intercambiada con inversores o terceros externos puede ser objeto de revisión por parte de las autoridades. Frente a este nuevo paradigma, las organizaciones deben adoptar una visión integral y anticipatoria. No se trata solo de reaccionar ante una solicitud regulatoria, sino de disponer de una arquitectura de datos robusta, transparente y adaptable. Cartografiar los sistemas; establecer políticas de conservación y eliminación proporcionales; formar a los equipos clave; y preparar escenarios de riesgo; se han convertido en prioridades estratégicas.
En definitiva, el dato ha dejado de ser un elemento auxiliar en las políticas de Competencia para convertirse en su núcleo central. Comprender esta realidad no solo permitirá a las empresas cumplir con el nuevo entorno normativo, sino también posicionarse de forma más competitiva y resistente en un mercado donde la transparencia y la trazabilidad informativa son ya ventajas diferenciales.