Madrid
La notable ralentización en el despliegue de los fondos Next Generation EU ha sido una norma habitual de este Gobierno desde el lanzamiento del Plan de Recuperación de la UE en 2021. Lejos de resolverse con el tiempo, los propios datos de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, desvelan que el ritmo de llegada de esa ayuda a la economía va perdiendo fuelle. Si se comparan los años 2022 y 2024, ya que 2023 fue atípico al estar el Gobierno en funciones durante 4 meses, se obtiene un resultado desalentador. Así, en 2022 se ejecutó el 30% del dinero mientras que el pasado ejercicio dicho porcentaje cayó hasta el 26,6%. Y todo apunta a que la ansiada mejora tampoco llegará en el presente 2025. Tanto es así que en primer trimestre de este año se ha desembolsado un pobre 0,3% de los casi 32.000 millones presupuestados, frente al 4.7% del mismo periodo de 2022.
Sin duda, el dato mejorará en el resto del ejercicio, pero el pobre nivel logrado hasta marzo no augura que en diciembre el Gobierno sea capaz de alcanzar un elevado porcentaje de ejecución. Esta tendencia negativa refleja que problemas que han lastrado la gestión de esta ayuda, como la burocracia, la falta de personal y la excesiva regulación siguen sin resolverse. Ello pese a que Economía prometió en el arranque de 2024 que se aumentaría la agilidad y se reducirían las barreras administrativas para acelerar la ejecución de la ayuda. A la vista está que tal circunstancia no se ha producido, lo que provoca que buena parte de los fondos no lleguen a las empresas y a la economía real. Urge una notable mejoría en este aspecto para evitar que buena parte del impacto positivo de una ayuda clave para modernizar e impulsar la economía se pierda.
