El Consejo de Reguladores Energéticos Europeos (CEER) ha lanzado una señal de alarma ante los planes de la Comisión Europea de revisar el funcionamiento de los mercados de derivados de materias primas y su relación con los mercados energéticos.
En una respuesta a la consulta pública lanzada por la Dirección General de Estabilidad Financiera (DG FISMA), CEER acusa a Bruselas de querer intervenir con reformas innecesarias que podrían comprometer la estabilidad del sistema regulador, encarecer la inversión y debilitar la competitividad energética de la UE frente a otras potencias.
La organización, que agrupa a los reguladores nacionales del sector energético, advierte de que añadir nuevas obligaciones desde el ámbito financiero supondría una carga excesiva para las empresas del sector, generaría solapamientos normativos y diluiría la eficacia de la supervisión."
El marco actual funciona y no necesita ser reescrito por enésima vez", subraya el texto. Lejos de apoyar una mayor centralización regulatoria en Bruselas, CEER defiende que las competencias deben seguir en manos de los reguladores nacionales, que conocen las especificidades de sus respectivos mercados, y que ACER (la agencia europea de supervisión energética) ya cumple un papel suficiente en la coordinación transfronteriza.
Rechazo al plan de Draghi
En uno de sus párrafos más contundentes, CEER rechaza frontalmente la propuesta de crear un organismo europeo de coordinación entre reguladores financieros y energéticos -una de las recomendaciones del influyente Informe Draghi sobre competitividad- al considerar que se trata de una "superestructura innecesaria" que rompería el principio de subsidiariedad y pondría en riesgo la eficacia de la supervisión energética descentralizada.
"La gobernanza actual es reciente, ha demostrado su solidez y no necesita ser desmontada para satisfacer pulsiones centralizadoras", afirma el organismo. La crítica va más allá: los reguladores europeos consideran que las constantes reformas normativas, lejos de aportar transparencia, están generando una mayor "incertidumbre jurídica" y erosionando la confianza de los inversores, en un momento en el que Europa necesita movilizar ingentes recursos para poder acometer la transición energética.
En cuanto al tratamiento de datos, CEER defiende el sistema de información centralizada que proporciona REMIT, y advierte que imponer nuevos requisitos desde el ámbito financiero -como una ampliación del reglamento MiFIR para incluir derivados extrabursátiles- generaría duplicidades, costes innecesarios y una fragmentación del control que acabaría debilitando la supervisión de los mercados energéticos. Además, advierte contra la tentación de eliminar la exención por "actividades auxiliares" prevista en la regulación financiera, una medida que, según CEER, tendría efectos colaterales nocivos: caída de la liquidez, salida de actores del mercado e incluso deslocalizaciones.
