Madrid
Las propuestas de Feijóo han cogido por sorpresa al mundo empresarial, que se mantiene en silencio a la espera de que el presidente del PP se reúna con ellos para darles explicaciones. Muchos no se explican que vaya más allá que los socialistas en materia de conciliación laboral y tampoco que defienda una reducción de la jornada laboral a cuatro días, aunque sea manteniendo el número de horas trabajadas. "Esa ya es una posibilidad abierta en los convenios colectivos y si las empresas hubieran querido aplicarla ya lo habrían hecho. No entendemos qué novedad aporta", señalan en fuentes empresariales.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, evitó pronunciarse oficialmente, pero el malestar es visible después de que señalara que lo que trabaja cada empleado, qué horas y qué días, lo debe decidir cada empresa y no una ley.
"¿Por qué en vez de 37 horas y media no trabajamos 20? Lo digo porque si a menos horas tienes más productividad, yo trabajaría 20", ironizaba Garamendi tan solo unas horas antes de enfatizar que la CEOE es una organización independiente de cualquier formación política y que "escucharemos al PP sobre la semana laboral de cuatro días y si nos parece mal, les diremos que no".
Pero fuentes internas ya adelantan su total desacuerdo, porque consideran que es un nuevo golpe a la productividad, que disminuye a medida que se amplía el horario. El modelo de Feijóo obligaría a trabajar entre 9 y 10 horas diarias, dependiendo de las horas totales pactadas en convenio.
En el PP insisten que no se rebajaría el número de horas de trabajo, se trata de ganar en flexibilidad para adaptar la jornada laboral entre el trabajador y el empresario, mediante la introducción de un banco de horas. Algo que los empresarios ven muy difícil de aplicar en sectores como el industrial, donde los turnos son muy estrictos y no pueden modificarse a placer de cada uno, o entre las pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa de Feijóo no estaba recogida en el programa electoral y se toparía con obstáculos legales, ya que requiere modificar el Estatuto de los Trabajadores. De todas maneras, el último texto elude referirse a la jornada de cuatro días, por lo que los agentes sociales están a la espera de conocer los detalles de boca del presidente del PP, que prometió realizar una ronda de conversaciones con ellos.
La jornada de 4 horas se califica de una "ocurrencia" de Garicano, el exdiputado de Cs
En medios críticos se califica como "una ocurrencia" atribuida a la línea de pensamiento de Luis Garicano, el exdiputado de Ciudadanos, que fue fichado por la Fundación Reformismo21, que dirige Pablo Vázquez.
La jornada flexible se recoge en la Ley de Conciliación y Responsabilidad registrada esta semana en el Congreso. Durante su presentación, el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, y la vicepresidenta de Igualdad y Conciliación, Ana Alós, la calificaron como "una alternativa que no es ni de izquierdas ni de derechas". "¿El PP es un partido de centro y no de derechas?", se preguntan desde el ala liberal. El Gobierno de Isabel Ayuso ya deslizó algunas críticas.
El giro social de los populares es evidente, se plasmó también en un comunicado contra la subida parcial del IVA a los alimentos básicos, que se había reducido tras la guerra de Ucrania. La reversión de estas rebajas está respaldada por la Unión Europea, que recomienda quitar todas las subvenciones introducidas a raíz del conflicto bélico. El PP argumenta que la recuperación del poder adquisitivo es aún casi un punto inferior a la subida de los precios al consumo. "¿No sería mejor reforzar los instrumentos de apoyo a los vulnerables, que subvencionar a toda la población? se preguntan los críticos.
Aquí no acaban las sorpresas. Después de soportar un incremento desmesurado de los costes por Ucrania, el alza de las cotizaciones para sufragar las pensiones, el incremento del SMI en más del 50% o exponerse a un recorte de la jornada laboral propuesta por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los empresarios se topan ahora con la Ley de Conciliación para ampliar de 16 a 20 semanas el tiempo de descanso por maternidad y paternidad y hasta 26 semanas en los monoparentales. "La sensación es que la presión al alza de los costes que reprochamos a Sánchez, continuará si Feijóo llega a La Moncloa", señalan fuentes empresariales.
"Los intereses de los empresarios no siempre coinciden con los nuestros. Su principal objetivo es ganar dinero", señalan en el PP aludiendo indirectamente a su falta de preocupación, en ocasiones, por los asuntos sociales.
En medios políticos se atribuye el giro político de Feijóo hacia el centro a un movimiento para contrarrestar las críticas a su falta de contestación a las medidas planteadas por el Gobierno a lo largo de la legislatura. Así, cuando se anunció el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, el partido de la oposición se sumergió en el silencio y anunció el estudio de un recurso, que nunca llegó a plantear.
En la campaña para los comicios del 23-J, Feijóo llegó a respaldar ambos impuestos, que en principio deben de expirar a finales de este mismo ejercicio, aunque matizó que el dinero se destinaría a los más vulnerables.
En el reciente acuerdo sobre financiación singular para Cataluña alcanzado entre Salvador Illa y Marta Rovira, el PP convocó a sus presidentes autonómicos para manifestar su tajante oposición, pero no presentó una contrapropuesta. "No vamos a entrar a sus provocaciones, no queremos que nos marquen la agenda", señalan.
También se echa de menos un plan detallado sobre inmigración. Uno de los grandes temas de preocupación en los próximos años y de confrontación con el Gobierno por su inacción en Canarias.
El giro social se completa con la política de vivienda, donde las medidas si están alineadas con las políticas pro mercado, que siempre han defendido. El plan elaborado por la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Marín, y exconsejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, es contundente en rechazar los topes a los precios en las zonas tensionadas y el intervencionismo, mientras que recupera las bonificaciones fiscales tanto para los caseros como para inquilinos. Una idea desterrada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Gobierno de Rajoy, para evitar un boom como el que condujo a la crisis inmobiliaria de 2008. Por eso, ahora se haría de forma selectiva.
Feijóo anunció este viernes un plan de vivienda ante el fracaso de las políticas oficiales, para resolver uno de los problemas que más preocupa a los españoles.
Se echa en falta una memoria económica sobre los costes y la contraréplica a las medidas oficiales
De todas maneras, ninguna de las iniciativas populares va acompañada de una memoria económica para evaluar sus costes. Ni la jornada laboral flexible, ni la educación universal de 0 a 3 años, ni las semanas de conciliación ni las deducciones fiscales para la vivienda, como sería recomendable. Esta es una de las principales críticas, que las convierten en papel mojado.
Feijóo quiere recuperar la iniciativa legislativa y eso es una buena noticia. En el mundo empresarial se entiende que la travesía del desierto de la oposición le lleve a anunciar medidas populistas para ganarse a los ciudadanos e impulsar la suave tendencia al alza en los sondeos de opinión. Pero inquieta que se haga a costa de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99% del tejido español. El giro social de Feijóo para centrar su partido tiene el riesgo de perder una parte de los apoyos en el camino.
PD.-Las bolsas aguantaron extraordinariamente los embates de la crisis de Oriente Medio. Los buenos datos de desempleo en EEUU del viernes relanzaron los mercados. Pero la incertidumbre será la tónica dominante en las próximas semanas o incluso meses. En medios diplomáticos, se asegura que por primera vez en mucho tiempo existe la sensación de que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento.
El escenario económico mundial está a merced de los ataques del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Hizbulá y a sus aliados y de la respuesta de éstos, sobre todo de Irán. Netanyahu, con una popularidad creciente en su país, ordena sus ataques sin consultar antes a la Administración Biden, que actúa a remolque de los acontecimientos. Por lo que resultan impredecibles sus próximos objetivos,
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