Según el CIS, la inmigración en España es hoy el primer problema para los españoles. Y pienso –como Carmen González Enríquez- que ese resultado del CIS se debe al aumento de llegadas irregulares a Canarias, al uso partidista del problema convirtiéndolo en bandera electoral y, en tercer lugar, al propio cuestionario utilizado por el CIS, que incluyó una pregunta sobre la relación entre inmigración y desigualdad y después preguntó por cuáles son los principales problemas en nuestro país.
Tenemos ya más de nueve millones de inmigrantes, lo que nos coloca, en términos de inmigración per cápita, a la altura de países como Alemania o Bélgica, por encima de Francia, de Italia, Dinamarca o Estados Unidos.
En España llevamos recibiendo, desde antes de que se iniciara este siglo, muchos inmigrantes en condiciones irregulares sin que la UE ni España se hayan planteado soluciones para regularizar esas entradas e intentar que pudieran trabajar legalmente en España, normalizando así su presencia entre nosotros.
El problema se ha planteado socialmente cuando los partidos han entrado a saco en el problema, y no para intentar solucionarlo sino para abrir un debate sectario. En todo caso, el problema no es nuevo en Europa. Recordemos cómo en 2015 hubo una crisis cuando Europa sufrió una presión migratoria mucho más aguda que la actual con la llegada de inmigrantes sirios, pero a España no llegó ninguna inquietud al respecto.
Es innegable que la UE –y España- necesitan inmigrantes si quieren paliar el invierno demográfico que hoy tenemos, con más fallecimientos que nacimientos y una fecundidad muy por debajo del mínimo para que la población no decrezca (2,1 hijos por mujer).
El reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo no entra a fondo en el problema, pues su objetivo sólo es ordenar y coordinar las respuestas de los Estados ante una parte de esa inmigración, la que llega de forma irregular por vía marítima o terrestre.
En palabras de la citada Carmen González, "El único acuerdo posible era diseñar normas más restrictivas a aplicar a los inmigrantes irregulares y peticionarios de asilo en el momento de la llegada a territorio europeo. Y a pesar de ello, el Pacto corre ahora grandes riesgos que afectan a su futura implementación, pero en 2026 los nuevos mecanismos e instrumentos deberían estar ya ejecutándose, pero ni la actual presidencia de turno de la UE, la de Hungría, ni las dos siguientes, la de Polonia y la de Dinamarca, van a impulsar la implementación del Pacto, porque están en contra de su contenido".
Quien esto escribe está a favor de que haya inmigración, pero es consciente de que una inmigración masiva viene alimentando sectores económicos de baja productividad, con el resultado de que nuestro PIB per cápita camina por debajo del conjunto de los países que ya formaban parte de la Unión Europea cuando se incorporó España. Con el agravante de que los hijos de los inmigrantes apenas llegan a la universidad.
España debería preguntarse si hay que hacer lo posible para impedir que se siga profundizando en esa brecha social que incluye una creciente inestabilidad en el empleo.
