
Los movimientos migratorios hacia los países desarrollados vienen siendo objeto de discusión y de medidas políticas en estos últimos países. El hoy aspirante y ayer presidente de los Estados Unidos ha hecho de la inmigración uno de sus alardes, y algo parecido ocurre entre los partidos de derecha extrema y moderada en Europa, donde las discusiones políticas sobre el asunto son muchas y las soluciones son pocas. Sea como sea, los países de la Unión Europea consiguieron un acuerdo migratorio que no parece que vaya a servir para calmar los ánimos y racionalizar tanto las entradas como su distribución geográfica.
Pero ya antes del citado acuerdo, los países nórdicos habían tomado decisiones drásticas al respecto. Hace unos días la ministra de Migración sueca dijo: "Suecia ha dejado de ser un país de inmigración de asilo". Y se ha propuesto atraer a más "inmigrantes cualificados".
Suecia venía siendo el segundo país de Europa, tras Alemania en acoger asilados y ahora en pleno 2023 ha recogido solo al 1% de las solicitudes de asilo de toda la Unión Europea. El Gobierno conservador de Ulf Kristersson, que ocupa el cargo de primer ministro desde octubre de 2022 con el apoyo de demócratas de Suecia, se apunta el tanto. Pero lo cierto es que algunas de las medidas ya habían sido implementadas anteriormente por los socialdemócratas, como la prohibición desde 2016 de la reunificación familiar.
Durante la campaña electoral de 2022 Kristersson se refirió a la inmigración como "sociedad en la sombra" y, una vez en el Gobierno, éste redujo las prestaciones y agilizó las deportaciones, además de mantener públicamente posiciones abiertamente contrarias a los refugiados.
Según ha recogido Rosalía Sánchez, Suecia anunció el pasado mes de octubre de 2023 un nuevo paquete de medidas disuasorias que impiden al refugiado vivir únicamente de las ayudas públicas. Ahora están sujetas a un tope y se les exige a los beneficiarios una "actividad" a tiempo completo. Además, el acceso burocrático a las ayudas se ha endurecido, por lo que el tiempo de espera antes de poder solicitar los beneficio se ha impuesto.
Resultado de esas medidas disuasorias: en 2023 llegaron alrededor de 3.000 sirios, frente a unas 3.500 personas de esta nacionalidad que se marcharon del país. Por cada 1.800 iraquíes que inmigraron, alrededor de 2.700 abandonaron Suecia y, por cada 600 somalíes que entraron al país, alrededor de 1.700 se fueron.
En efecto, los países nórdicos están dándole la vuelta a la inmigración y han plasmado esta política en un acuerdo firmado por los ministros de Justicia e Inmigración de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, para cooperar en deportaciones y crear programas conjuntos de retorno de inmigrantes.
Y no es sólo la derecha la que está detrás de esas medidas. La ministra danesa Mette Frederiksen es socialdemócrata y ya estableció en 2019 la meta de "reducir a cero la llegada de solicitantes de asilo" y en 2020 su gobierno fue el primero y el único en la UE en revocar permisos de residencia de refugiados sirios y también aprobó una ley para construir centros de recepción de solicitantes de asilo fuera de la UE. Como se ve, los cambios en la política migratoria vienen del Norte y van hacia el Sur.