España ha padecido importantes quebrantos dirigidos contra su Estado de Derecho. Recordemos la década del Procés 1.0, el golpe de Estado en que culminaron seis años de Gobierno social–comunista–separatista–exterrorista, con su enorme lista de disparatadas, si no surrealistas medidas, desde los indultos a la amnistía, desde la ley de alquileres al asedio a empresas, desde la ley del Solo sí es sí a las medidas de desmemoria histórica y demás wokes…
Y con todo, a pesar de la reciente inclinación hacia el despotismo autocrático, la España contemporánea, democrática y descentralizada, es un gran Estado democrático y social de derecho, con un gasto público que ya supera el 50 % del PIB. Obviamente, la adjetivación como democrático y de Derecho tienen ahora menos pertinencia que hace seis años. Pero la calificación como social y descentralizada siguen vigentes. Menos democrática, pero España y su Estado se mantienen. Ahora bien, la financiación singular o concierto catalán reducirá hasta anularla la financiación del Estado español y esto desintegrará al conjunto del país.
Los recursos de los que se nutren las actividades básicas (educación, sanidad, inversiones, y todas las demás) del Estado español y los flujos hacia las Comunidades Autónomas que ejercen estas competencias se verían fuertemente afectados por un cupo catalán. No nos engañemos: la base material del Estado español se mostraría totalmente rota por el concierto catalán.
Con la financiación singular de la Generalitat de Catalunya la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas desparece. Es más, la viabilidad de España es nula, porque además se habrá desintegrado en 17+2 mini Estados. La viabilidad de estos 17+2 mini Estados, entre ellos Cataluña, es muy limitada La viabilidad de cada uno se hallaría entre la propia de Corea del Norte, que lleva 60 años siendo viable, y la de la república moldava de Transnistria, cuya viabilidad ni está ni se le espera.
Naturalmente, el concierto catalán llevaría al hundimiento de los ratings de los valores públicos y privados españoles, por parte de las principales calificadoras de deuda internacionales al auge de los tipos de interés y la prima de riesgo y, por último a la huida de capitales.
Tras el concierto catalán, por tanto, el resultado inevitable será la nula sostenibilidad, la inviabilidad de España y el default a los ojos de los mercados internacionales. España ya no sería tal sino 17+2. Una economía semejante no sería rescatada por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Mucho más probables son el corralito bancario, al estilo de la Argentina de las pasadas décadas, todo ello culminado por la forzada emisión de una nueva peseta (o como se le quiera llamar), de valor insignificante.
