Madrid
El presidente de Cataluña, Salvador Illa, y su nuevo Ejecutivo se encuentran, tras tomar las riendas de la Generalitat, con que el anterior Govern, liderado por ERC, dejó cerca de 70 leyes pendientes de tramitación.
Es cierto que varias de ellas se encuentran en estado muy embrionario, y no pasan aún de ser propuestas en estudio que han emanado del Parlamento regional. Debe reconocerse también que, desde el punto de vista económico, constituye una buena noticia que muchas de esas normas se hayan quedado en el tintero. La izquierda independentista ha dado sobradas muestras de su afán intervencionista, y recaudatorio, en su política fiscal y en normas que sí están en vigor como la que regula el alquiler residencial. Nadie duda de que el ya expresidente Aragonès pretendía ahondar esa característica con aún más gravámenes, como el que ya diseñaba para los grandes cruceros. No obstante, hay también normas en dique seco cuyo desarrollo resulta necesario. Es el caso, en primer lugar, de los Presupuestos autonómicos, pero también de la nueva ley sobre VTC y taxis, cuyo reglamento actual está por completo desfasado, ya que data de 2003. Cataluña tiene también que poner fin a anomalías como el hecho de que es la única autonomía que carece de una ley sobre cámaras de comercio o a su completamente ineficiente política de gestión del agua. Sin embargo, la prioridad de los Gobiernos independentistas de los últimos 10 años ha sido impulsar el procés, mientras paralizaban las políticas realmente necesarias. Correspondería a Illa revertir por completo esa situación pero su dependencia respecto a ERC, que le lleva a anticipar que hará suyas las Cuentas de 2024 que Aragonès dejó hechas, impide ser optimistas a este respecto.
