Economía

El concierto catalán obligará a Hacienda a elevar la recaudación de IRPF casi un 30%

El candidato a presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el parlamento catalán. // Foto: EFE.

El concierto catalán firmado por ERC y PSC, para que Salvador Illa salga investido como presidente de la Generalitat, implicaría que Hacienda tendrá que subir el IRPF para aumentar la recaudación en casi un 30% y así compensar la cesión de este tributo a la hacienda catalana al 100%.

Según explica Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en un informe publicado ayer, el Estado tiene dos opciones para compensar la pérdida de recaudación del Impuesto de la Renta: subir el IRPFo recortar el gasto.

Si el Estado recurriera una subida del tramo nacional de la renta "tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación estatal del impuesto en lo que queda del territorio común". Pero, si en vez de subir impuestos, optase por asumir una caída de los ingresos y lo trasladase íntegramente a la financiación de las CCAA, "ésta tendría que reducirse un 10,7% en promedio". Todo esto bajo el escenario del 60% del objetivo de máximos.

Desde el think tank aseguran que la pérdida directa para el resto de CCAA causada por la salida de Cataluña del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) "sería modesta". Sería el Estado el que actualmente pierde más cediendo los impuestos en su totalidad a Cataluña.

La conclusión que saca Ángel de la Fuente de este estudio es que el dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación catalana, y de las otras comunidades en su caso, "tendrá que salir de algún sitio. Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en un futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos", explica.

Por el momento no se sabe cuánto va a ser la cuota que Cataluña va a pagar al Estado por los servicios que le presta, tampoco se conoce la cuota de solidaridad para con otros territorios. Pero en Fedea han realizado sus estimaciones a través de la horquilla que hay entre lo que la Generalitat aporta y recibe por parte del Estado. "Rondará en la actualidad los 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB", dice De la Fuente. Esta horquilla el experto la denomina déficit de máximos.

El actual Govern de ERC es "menos radical". La consellera de Economía y Hacienda saliente, Natalia Mas, se conforma con que ese déficit de máximos se reduzca entre un 60% y un 80%, lo que haría que esa horquilla solidaria catalana pasase de ese 10% del PIB a situarse entre el 2% y el 4%.

Para el experto de Fedea, lo previsible es que el acuerdo se cierre con un objetivo de reducir la aportación catalana al bote común de entre un 30% y un 60% del objetivo máximo de los nacionalistas de hasta 22.000 millones de euros anuales. Esto daría como resultado hasta 13.200 millones de euros al año para la Generalitat.

En el caso de que la opción fuese un recorte del 30% de ese objetivo de máximos, "estos porcentajes se reducirían a la mitad, pero seguirían siendo apreciable", dijo.

En cifras: Cataluña recaudó en 2022 un total de 12.604 millones de euros por IRPF; 9.651 de IVA; 1.614 por impuestos especiales y 6.487 millones por el Impuesto de Sociedades. El total sería "algo más de 30.000 millones en impuestos" que gestionarían al 100%.

Con estos cálculos, De la Fuente dice que es posible que la financiación de esta comunidad se incremente entre un 25% y un 50%, "implicando un trasvase anual a sus cuentas de entre 6.600 y 13.200 millones de euros"

De la Fuente reitera que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por habitante ajustado del 101 en 2022 (frente a una media de 100 en el conjunto de las comunidades del régimen común) y que quitar a esta comunidad del régimen común "la situaría por encima de cualquier otra comunidad no foral".

El acuerdo de porcentajes todavía está en el aire y parece ser que no se va a conocer hasta mucho después de la investidura de Salvador Illa para presidir la Generalitat.

Las pérdidas del Estado pueden ascender hasta 37.500 millones

En el supuesto caso que este sistema de concierto se trasladase al resto de las regiones "el problema se agravaría muy considerablemente". En el caso de que esto sea permeable hacia Madrid y Baleares, las otras dos CCAA que son contribuyentes al SFA, el estado perdería 37.500 millones de euros adicionales en ingresos tributarios, según los cálculos de Fedea.

Al mismo tiempo, si los correspondientes cupos se negociasen con criterios similares a los que quieren los catalanes "los ingresos netos del Estado se desplomarían". De hecho, aunque estas dos regiones se mantuvieran en el régimen común, las consecuencias podrían ser parecidas".

Por otro lado, si se aplica el criterio de oridinalidad frente a la solidaridad, las personas físicas residentes en Madrid no podrían estar peor financiadas que en Cataluña, dado que es la región que más aporta a la cuenta común, por lo que "el coste de garantizar la ordinalidad en la parte superior de la distribución sería de 1.461 millones de euros en el caso de Baleares y de 11.538 millones en el de Madrid", reza el estudio.

La suma de ambas partidas ascendería a 26.019 millones de euros, lo que supone el 18% de los ingresos tributarios totales del Estado y un 45% de su recaudación total por IRPF. Esto en el caso de la situación actual, antes de la reforma propuesta por los nacionalistas catalanes a Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la firma de este pacto con Cataluña daba paso a la "federalización del sistema autonómico". En este sentido, De la Fuente explica que extender este concierto a otras comunidades dentro del régimen común, en las mismas condiciones, costaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales. "Un pico", reiteró De la Fuente.

El debate de la reforma de la financiación autonómica tendría que abrirse en 2014, tal y como manda la ley. Fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que reabrió el melón, en 2024, en el reciente Consejo de Política Fisca y Financiación (CPFF) que se celebró el pasado mes de julio.

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