"España cuenta con el sistema financiero más sólido del mundo". Esta declaración del presidente del gobierno en septiembre de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero, no envejeció muy bien. Tampoco lo hizo la repetida consigna gubernamental, ya en 2012, de que el rescate de las entidades financieras no iba a costar un euro a los españoles. El rescate del sistema financiero ya en el propio 2012 tuvo un coste de 46.693 millones de euros. Pero esa cifra no fue el final, porque hay otra declaración que también se ha demostrado inexacta. Esta afirmación es que el coste del rescate era un one-off, es decir, un gasto que no se iba a repetir en el futuro. Desde 2011, todos los años las Arcas Públicas han seguido pagando "el coste del rescate" hasta completar, hasta 2022, nada menos que 75.553 millones de euros, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Todo tiene un final, o al menos parece tenerlo, y en este pasado 2023, por primera vez en catorce años, el saldo del rescate fue positivo para las Arcas Públicas en 233 millones de euros, según datos de la IGAE. Con un déficit público en este 2023 de más de 53.000 millones de euros, este dato positivo no parece gran cosa. Y tampoco lo es, si comparamos con el coste acumulado del rescate, superior a 73.000 millones. Pero, si hubiésemos tenido que seguir inyectando miles de millones en las entidades de crédito, obviamente no se hubiese cumplido el objetivo de déficit.
Un país no se puede quedar sin sistema financiero. Pero, el coste, sólo el coste directo, del rescate de las entidades financieras es brutal. Pero, es que, con toda probabilidad, el coste no ha terminado y acabará siendo superior. Por eso, todo lo que se refuerce la gobernanza y la solvencia de las entidades financieras, especialmente cuando las cosas van razonablemente bien, está más que bien invertido. Si a esto le añadimos el coste indirecto de la crisis financiera, el dejar sin financiación a la economía, incluyendo muchas empresas rentables, nos daremos cuenta de que no supervisar adecuadamente, y luego reaccionar tarde, a una crisis de entidades de crédito es mucho más caro de lo que parece.
Un ejemplo de cómo no hacerlo es lo que se hizo entre 2008 y 2010, en el que el saldo de las ayudas en España fue positivo para la Hacienda Pública. Mientras que Alemania inyectó en sus entidades financieras en ese periodo más de 39.000 millones de euros, España "obtuvo" de sus entidades financieras un neto de 1.456 millones, debilitando su solvencia. Claro, "teníamos el sistema financiero más sólido del mundo", y además graves problemas presupuestarios. Pero, al final, Alemania se ha gastado mucho menos, 48.293 millones de euros, que España en salvar a sus entidades financieras, y eso que sus "Landesbanken" (bancos regionales) tenían problemas muy similares a las cajas de Ahorro españolas, donde se han concentrado casi todos los problemas. La razón es que Alemania tenía mejores finanzas públicas y, sobre todo, actuó antes.
Hay países que, aunque tuvieron que rescatar entidades financieras, el coste no fue tan elevado como en Alemania, o como en España, que en términos absolutos tiene el récord. Pero, Alemania tiene una economía que es el triple que la española, con lo que el coste que ha soportado el contribuyente alemán ha sido proporcionalmente muy inferior al español. Eso sí, hubo quien lo hizo peor. Así, según Eurostat, el coste acumulado hasta 2022 ascendió a 49.253 millones en Irlanda, a 30.642 millones en Grecia, y a 23.311 millones de euros en Portugal. En todos estos casos, la carga soportada por sus contribuyentes fue muy superior a la que hemos tenido los españoles.
Pero, en el caso español, aunque lo parezca, esto no ha terminado, porque parte del legado de la crisis aún no se ha pagado. Hay una primera herencia, que es la participación del Estado en Caixabank, que proviene fundamentalmente de una inversión del Estado en las cajas de ahorro que formaron Bankia de más de 22.000 millones de euros. El Estado, a través del FROB tiene aproximadamente un 16% de una entidad financiera rentable y solvente con una capitalización bursátil cercana a los 28.000 millones de euros. Invertir más de 22.000 millones para tener una participación de unos 4.500 es una "inversión" muy mejorable. Pero al menos, no sigue produciendo pérdidas, y da algunos ingresos por dividendos, que es, precisamente, una de las razones fundamentales que hicieron que el saldo del rescate fuese positivo, por primera vez en 2023.
Con todo en España, aún nos queda una segunda herencia de la crisis financiera que nos seguirá generando costes, la Sareb, el antiguo banco malo. Ahora, esta entidad ya forma parte del Sector Público, con lo que sus pérdidas ya contabilizan como déficit público. Aquí la clave es que el Estado ha avalado toda la deuda de la entidad, que, según su último informe correspondiente al primer semestre del pasado año, ascendía a 30.352 millones de euros, un 60% de la inicial en 2013. Esto quiere decir, que los activos que finalmente no se puedan vender, implicarán que la deuda restante se impute a déficit, y que suponga un mayor coste real del rescate bancario.
Por esa razón, en mi libro Y esto, ¿quién lo paga? (Debate 2023) creía que el coste directo del rescate podía oscilar entre 78.000 y 100.000 millones de euros. Sigo creyendo que no me pasé en la estimación, básicamente porque ha pasado más de una década desde que se creó la SAREB. Por eso, aunque creo que la gestión ha mejorado, porque ya no se aspira a un beneficio absolutamente imposible, lo que era vendible a algún precio, ya está básicamente vendido en su mayor parte. Cuando los socios privados tenían la mayoría de la SAREB, se intentaba dar un beneficio, con lo que se vendían sólo aquellos activos cuyo precio en el mercado era superior al coste por el que se adjudicaron al "banco malo". Pero, esto es irracional porque como hay que liquidarlo todo, es preferible venderlo a pérdidas, que no venderlo porque, en ese caso, no se amortiza deuda, que sigue devengando intereses. Pero, aquí también, la racionalidad tardó demasiado en llegar.
No es racional pretender cosas imposibles, tampoco en los impuestos. No se puede aspirar a que la Banca pague mediante tributos, gravámenes o como queramos llamarles, una cuantía equivalente al coste del rescate, tomemos las cifras que tomemos. El pasado 2023, el gravamen a los grandes bancos recaudó 1.263 millones de euros. No es una cifra insignificante, pero está a años luz de la recaudación de los grandes impuestos.
Si se quiere incrementar esta cifra, hay que ser consciente de que sólo hay tres opciones: se puede encarecer el crédito o remunerar menos los depósitos, precisamente cuando se espera un descenso de los tipos de interés. La tercera posibilidad es que los bancos ganen menos dinero. Pero esto último, que hay quién lo manifiesta como un objetivo de política económica, tiene un gravísimo inconveniente: una banca menos rentable es una banca menos solvente.
El lema de los casinos, "la banca siempre gana", también es incierto. Por eso, deberíamos queremos aprender de los errores de todos estos años, que derivaron en un carísimo rescate, que, pese al espejismo de 2023, habrá que seguir pagando. Para eso, no hay que demonizar a los bancos, sino mejorar las finanzas públicas y, también, reforzar la solvencia de las entidades, aunque sólo sea porque acaba saliendo más barato para todos.