El Gobierno ha sido criticado en repetidas ocasiones por el retraso en el despliegue de los fondos Next Generation. Algo comprensible habida cuenta de que en la actualidad España solo ha ejecutado el 41% de esta ayuda. La falta de transparencia en la gestión y la escasez de funcionarios cualificados son solo algunos de los motivos de este retraso. A esto se añade que el sistema de control de la gestión de los fondos, conocido con el nombre de Coffee, falla y da errores de manera permanente desde que fuera creado hace ahora dos años. Esta plataforma informática se puso en marcha con el propósito de centralizar toda la información sobre la ejecución de los NextGen por parte del resto de administraciones. Pero ya en 2022 el Tribunal de Cuentas denunció que el sistema no era funcional. Dos años después todo sigue igual hasta el punto de que las comunidades autónomas envían sus reportes en tablas de Excel que, a posteriori, deben introducirse a mano, generando un colapso en la gestión.
Por si fuera poco, el sistema exigido por Bruselas para garantizar la eficacia del proceso de adjudicación de ayudas, la plataforma Minerva, también falla, lo que provoca más retrasos. Este apagón informático del Ejecutivo supone un error inadmisible en cualquier aspecto. Pero es aún más inconcebible en un asunto tan importante como son los fondos Next Generation EU. No en vano, esta ayuda es fundamental para impulsar la actividad y modernizar la economía. Por desgracia, la desidia que el Ejecutivo muestra en la ejecución de este dinero pone en duda que buena parte de los fondos lleguen a las empresas. Y también genera incertidumbres respecto a las opciones que España tiene de desembolsar los NextGen antes de la fecha límite, en agosto de 2026.
