Cerca del 10% de las gasolineras venden el diésel a un precio que está por debajo de la suma del coste de cotización del producto y los impuestos. Una situación que se produce por la existencia de comercializadoras mayoristas que venden a algunas marcas a precios inferiores al mercado, pero que desaparecen cuando hay que pagar los tributos correspondientes. Este fraude fiscal genera un agujero de 700 millones a Hacienda y supone una clara competencia desleal en el sector. Con el fin de erradicarlo, las petroleras proponen cambiar la ley para obligar a pagar a estas firmas mayoristas el IVA correspondiente a la venta posterior que se realizará del producto antes incluso de poder extraer el carburante de los depósitos. Una reforma de la norma que el Gobierno debe escuchar, ya que limitaría las opciones para que los operadores fraudulentos siguen actuando.
