El Ministerio de Transición Ecológica ha abierto a consulta pública una orden ministerial que pretende unificar los mecanismos de fomento de los biocarburantes y otros combustibles renovables al tiempo que pondrá coto al fraude que han comenzado a detectar en el sector mediante un mecanismo de alerta temprana.
La nueva normativa, que supone que el Ministerio asume algunas funciones que tenía encomendadas la CNMC de forma temporal, regula el sistema de certificados, así como el establecimiento de las fórmulas de cálculo relativas a las obligaciones y los límites para el cumplimiento de los objetivos de este tipo de combustibles.
La norma adapta también dicho mecanismo para que puedan computarse nuevos productos con fines de transporte y establece una senda de reducción de los biocarburantes producidos a partir de materias primas consideradas con riesgo elevado de cambio indirecto del uso de la tierra hasta 2030 (la soja aún no se incluye).
Esta senda tendrá un carácter descendiente desde el 31 de diciembre de 2023 hasta alcanzar un valor del 0% antes del 31 de diciembre de 2030. Por tanto, en esta orden se regula esta senda, anticipando el 0% al año 2025, apostando de este modo por los combustibles renovables 100% sostenibles.
Con el cambio de la norma, los que cumplen en un porcentaje superior al 75% de la obligación no tendrán un impacto económico adicionales, ya que con la norma actual tienen que hacer frente a un pago de 1623 euros por certificado.
Aquellos que cumplen su obligación entre el 60% y el 75% verán un incrementó de un 10% en el pago compensatorio y los que no llegan al 60% del cumplimiento de la obligación sufrirán un incremento de su pago compensatorio en un 25%, con objeto de dar un paso más en el impulso de la venta o consumo de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. En la actualidad hay 60 sujetos obligados para esta norma.
