España ha perdido en los últimos tres años 17.906 empresas agrarias y 132.219 empleos, según el Ministerio de Trabajo. Estos datos reflejan la crítica situación que vive el campo español y que ha llevado a los agricultores y ganaderos a iniciar unas protestas que ya duran ocho días. Las causas que han abocado al sector primario español (y europeo) a esta notable pérdida de actividad son numerosas. Una de ellas es el propio cambio climático que reduce la producción por la falta de lluvias. Otro motivo está en el encarecimiento de costes provocado por la crisis de la inflación. Aunque de lo que más se queja el sector es de la competencia desleal de las importaciones de terceros países. Una situación a la que se ha llegado por culpa de una transición ecológica acelerada y equivocada que ha dado pie a una regulación medioambiental muy exigente que, además de elevar los costes, no cumplen los países que no pertenecen a la UE.
Esto ha provocado que estos territorios vendan en Europa productos más baratos, lo que está hundiendo al campo español y europeo. Ante esta situación que ha dado pie a las tractoradas que asolan el Viejo Continente, resulta inconcebible que Bruselas no haya reaccionando con presteza. No en vano, lo único que se conoce hasta ahora es que la UE ha retirado la ley para el uso de pesticidas químicos y que en el próximo consejo europeo del 26 de febrero planteará la reducción de trabas administrativas para los agricultura. Una respuesta claramente insuficiente ante las protestas, ya que no resuelve el problema de fondo que sufre el campo y que no es otro que las consecuencias de la propia legislación comunitaria que castiga a los agricultores y ganadores europeos y los deja a merced de los de terceros países.
