
España no estará presente en el Mar Rojo para defender el libre comercio de los ataques terroristas hutíes. En las comparecencias de la ministra de Defensa y del ministro de Asuntos Exteriores, el 25 y 29 de enero respectivamente en el Congreso, para explicar los planes de sus respectivos departamentos para la próxima legislatura, dejaron claro que España no participará en ninguna misión destinada a proteger el tráfico comercial en aquella zona. El argumento de ambos fue que ya estamos en demasiadas misiones internacionales: una broma.
Desde el punto de vista comercial, el mar Rojo ha perdido importancia respecto a otras rutas de mercancías como el estrecho de Malaca o de Ormuz, pero sigue siendo fundamental garantizar la seguridad de la navegación en ese trayecto marítimo, porque es el que permite la conexión entre Asia y Europa a través del Canal de Suez. La alternativa a esa ruta es bordear el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, lo que incrementa la duración del transporte entre dos o tres semanas y los costes del viaje entre un 40 y un 60%, dependiendo del origen y del tipo de barco. La cantidad de mercancías que se transportan, esencialmente materias primas energéticas como el petróleo y el gas natural licuado desde los países árabes a Occidente, hace que la estabilidad en los precios de algunas de ellas dependa de la fluidez de esta ruta para su transporte. Por el canal de Suez pasan 19.000 embarcaciones al año, el 10% del comercio marítimo mundial y llega el 12% de las importaciones totales de petróleo a nuestro país.
La defensa de los principios que inspiran las democracias liberales y los derechos y libertades que se derivan de los mismos, entre los que se encuentra la libertad de comercio y la lucha contra quienes lo obstaculizan por medio del terror, está o debería estar entre las acciones de nuestra política exterior. Lo que hace incomprensible que no estemos presentes en la defensa del tráfico por esta ruta, no es sólo la relevancia económica de la misma, sino, sobre todo, una cuestión moral. El hecho de que los hutíes, como ocurrió antes con Hamás por razones distintas, nos feliciten por nuestra decisión de no acudir al mar Rojo, pone de manifiesto radicalmente que el Gobierno lo está haciendo muy mal. No nos felicitan nuestros aliados, ni los países que defienden los derechos humanos, las libertades, la democracia o las naciones defensoras del multilateralismo, ninguna de ellas: nos aplauden los terroristas.
Nuestra presencia tenía alternativas, porque entre participar conjuntamente con EEUU, como hacen Holanda y el Reino Unido, o comprometerse a proteger y escoltar a los buques, pero sin atacar territorio yemení, justo como hace Francia, y que te feliciten los terroristas, hay espacios en los que podríamos estar, pero desgraciadamente nuestro Gobierno se ha posicionado más cerca de quien no debía, que, de nuestros aliados, después de una secuencia de pronunciamientos contradictorios en nada edificantes.
El 19 de diciembre de 2023, el gobierno afirmó que España no participaría en la misión lanzada por EEUU para proteger el comercio internacional, sino estaba sujeta a las decisiones de la UE y de la OTAN. El 20 de diciembre, el alto comisionado de la UE anunció que los Estados miembros habían acordado por unanimidad contribuir a la campaña americana a través de la operación Atalanta. España respaldó en el Comité Político y de Seguridad la ampliación de Atalanta. Sin embargo, a la mañana siguiente vetó la mencionada ampliación en el Grupo de Trabajo de Consejeros de Relaciones Exteriores. El 23 de diciembre del 2023, el Ministerio de Defensa envió una nota para negar el mencionado veto y para sostener que la posición española no era extender Atalanta, sino crear una misión específica. El 27 de diciembre, el presidente del Gobierno se refirió a esta cuestión en los mismos términos. El 11 de enero de 2024, la Unión Europea propuso una misión nueva y específica para enfrentar la crisis, como pedía España. Pero, para sorpresa de todos, fue descartada por la ministra de Defensa al día siguiente. El 15 de enero de 2024, Pedro Sánchez consideró estudiar la nueva propuesta de EEUU que implicaba el desplazamiento al exterior de oficiales de enlace de las Fuerzas Armadas españolas. El mismo día, fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que EEUU no se había dirigido al Gobierno.
El 25 y 29 de enero, como he indicado, la ministra de Defensa y el ministro de Exteriores informaron en el Congreso de los Diputados que ni vamos a ir a la operación en el mar Rojo, ni ha habido contradicción en el posicionamiento español sobre esta materia. A la vista está que si tenían claro no ir desde el principio, ¿qué más les daba que el paraguas fuese de la OTAN o de la UE? Hubiera bastado con decirle a EEUU que no íbamos a estar en esa operación. Pero aún más, si tenían claro no ir, ¿qué más les daba que fuese diseñada la operación en la Unión Europea como ampliación de Atalanta sin tropas españolas, que una misión específica también sin tropas españolas?
En fin, demasiadas dudas, titubeos, inconsistencias, pasos adelante y atrás, que en nada favorecen la consideración de España como un aliado serio y fiable; y aún peor, todo termina con una organización terrorista que felicita al Gobierno español por la posición mantenida.