El Gobierno prometió construir 20.000 viviendas de alquiler social a través de los fondos Next-Gen. Unos pisos que estarían situados en terrenos de titularidad pública y que deberían estar terminados en junio de 2026. Pese a la ambiciosa cifra la realidad es que el plan va bien encaminado, tras cerrar el Ejecutivo acuerdos con las distintas administraciones regionales y municipales para la asignación de los fondos y la selección de los suelos. Con todo, lo más importante es que al contrario de lo que ha hecho en otras ocasiones el Gobierno ha apostado ahora por la colaboración público-privada. De hecho, las promotoras serán las encargadas de construir más de la mitad de las casas, demostrando lo acertado de recurrir a este tipo de fórmulas en el ámbito inmobiliario.