Los trabajadores cubiertos con acuerdos colectivos que estimulan la salida del mercado laboral antes de la edad oficial de jubilación aumentaron un 39% respecto a 2022, hasta 640.000 efectivos. La diferencia que en España existe entre la edad real y la legal de jubilación plantea importantes problemas al sistema de pensiones. Tanto es así que el Estado pierde cada año unos 1.200 millones en concepto de cotizaciones de los que dejan de pagar al retirarse de forma prematura. De ahí que fuera un acierto que en la reforma de Escrivá se introdujeran medidas para penalizar la jubilación anticipada e incentivos para alargar la vida laboral. Urge una mayor responsabilidad por parte de los agentes sociales para que dejen de 'premiar' en los convenios los retiros antes de tiempo.
