El Ministerio de Trabajo se comprometió hace ya varios meses a clarificar las cifras de asalariados con contratos fijos discontinuos que se inscriben en los servicios públicos de empleo al pasar a la inactividad. Se trata de una situación en la que el trabajo se interrumpe por lo que son dados de baja de afiliación a la Seguridad Social hasta que la empresa vuelve a llamarles. Pero no cuentan ni siquiera como parados aunque cobren una prestación por desempleo. A la vista está que el Gobierno no ha cumplido lo prometido, lo que añade serias dudas sobre esta figura cuyo uso se ha disparado tras la reforma laboral. Es evidente que con este maquillaje estadístico se logra mejorar las cifras del paro hasta los 2,7 millones, mínimo desde 2007. Un dato que aumentaría si se recogiera a los fijos discontinuos inactivos en los servicios públicos de empleo. No obstante, el hecho de que estén incluidos en la categorías de demandantes con relación laboral permite extraer conclusiones sobre la situación real de estos trabajadores.
Así, el número de estas personas se ha multiplicado tras la aprobación de la norma impulsada por Yolanda Díaz, pasando de un mínimo de 230.972 de mayo de 2022 a un récord de 746.077 personas a cierre de 2023. Una cifra se se eleva un 19,9%, solo en 2023 mientras el paro 'oficial' bajó en un 4,59%. Estos datos muestran que el impacto en las cifras de desempleo del auge de esta figura contractual conocida también como falsos indefinidos. sigue creciendo y exige un ejercicio de responsabilidad y transparencia en el indicador, tal y como ha reclamado incluso la Comisión Europea. El silencio del Ejecutivo y en especial del Ministerio de Trabajo no hace sino elevar las dudas sobre los datos reales de paro.
