Que las empresas son el motor que genera riqueza y bienestar en las sociedades desarrolladas y, por tanto, estabilidad, en la medida que generan puestos de trabajo y garantizan la financiación de los servicios públicos, debería resultar a estas alturas una obviedad palmaria. Desgraciadamente, a tenor de lo que ha sido el marco reciente de relación entre el ámbito empresarial y la esfera pública, todo parece indicar que la labor de pedagogía empresarial continúa siendo a todas luces necesaria.
Esa relación a la que nos referimos, sin duda manifiestamente mejorable, ha oscilado en esta última etapa de nuestra historia entre dos polos bien definidos. Por un lado, la descalificación o el señalamiento de determinados empresarios, lo que constituye poner en entredicho la función económica y social de la empresa privada en nuestro país, y por otro, y de forma simultánea, concebir la empresa como una suerte de manantial del que se pueden extraer infinitos recursos, ya sea en forma de aumentos constantes de las cargas tributarias, nuevas regulaciones sobre el empleo y, en general, un mayor intervencionismo a todos los niveles, lo que constituye de por sí un factor limitador o inhibidor de la inversión.
Ni que decir tiene que esta concepción, además de errónea es injusta, y en modo alguno contribuye a crear el clima de estabilidad, tranquilidad y certidumbre que las empresas necesitan para llevar a cabo sus actividades en un entorno de mercado de por sí cambiante, complejo e hipercompetitivo, al que habría que sumar un escenario internacional cargado de múltiples incógnitas. De hecho, no concebir a la empresa como un pilar indispensable para el logro de una sociedad más próspera, más justa y libre nos aboca con seguridad a un escenario probablemente marcado por la mediocridad material y el malestar social.
Hace unos meses, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) tuvo la acertada visión de tasar las dimensiones reales de ese "pilar" que soporta nuestro Estado del bienestar en el primer barómetro de valoración del empresario que se ha realizado en España. Creo que vale la pena rescatar ahora algunas conclusiones de este documento. Por ejemplo, que los 3,4 millones de empresas registradas en nuestro país aportan más del 85% del PIB nacional y el 84% del empleo, y que son responsables de generar el 91% de la inversión total ejecutada en España. En total, más de 216.000 millones de euros, frente a los 21.984 de las Administraciones Públicas, según los últimos disponibles, que corresponden a 2021.
Además, si nos fijamos en la aportación de las empresas privadas al sector público, que sirve para financiar servicios fundamentales para los ciudadanos, sólo en concepto de Impuesto de Sociedades superó ampliamente los 32.000 millones de euros (el 11% del total de impuestos recaudados por las Administraciones Públicas), a los que se suman más de 95.000 millones de contribución a la seguridad social, el 70% de los ingresos totales del sistema nacional de previsión.
Ahora bien, aun siendo cifras muy significativas, en realidad solo representan una parte relativamente pequeña de la participación de las empresas en el sostenimiento del Estado, dado que su contribución real incluye otras figuras impositivas, como el IRPF de los emprendedores que son autónomos, el impuesto a la importación, los impuestos especiales, el IAE, el IBI y un largo etcétera.
Los gobernantes deben entender que la competitividad depende del entorno legislativo
El estudio de AVE resulta también valioso porque constituye la primera aproximación rigurosa que se hace en España para conocer la imagen que tienen los ciudadanos de los empresarios. Y el resultado resulta bastante alentador, en tanto que viene a corroborar que su percepción es bastante mejor de la que cabría suponer si solo se tomara en consideración el eco de un debate público ideologizado en exceso. De hecho, un 77% de la población tiene una imagen muy positiva o positiva de los empresarios españoles, y sitúan su contribución al bienestar social y económico de la sociedad en 7,5 puntos de 10 posibles. Asimismo, asocian a esta figura los atributos de innovación, generación de riqueza y creatividad. Así lo señalan 4 de cada 5 ciudadanos.
El estudio pone también de relieve aspectos que deberían ser tomados muy en cuenta a la hora de diseñar políticas económicas en nuestro país. Uno de los principales es el reducido tamaño de nuestras empresas, lo que representa una importante debilidad estructural de nuestro sistema productivo. Del total de empresas registradas en España, menos del 1% son medianas y grandes, mientras que el 96% no tiene asalariados o tiene menos de 10 trabajadores. Y otro aspecto muy preocupante es el del déficit endémico de vocaciones empresariales que arrastramos como país. Tan solo 2 de cada 10 ciudadanos no emprendedores se plantearían hacerlo en el futuro, señalando las dificultades de acceso a capital o la preferencia por la estabilidad laboral como principales razones para no optar por ese camino. Sin duda, estamos ante un dato muy preocupante, que nos resta un enorme potencial económico y nos coloca en desventaja respecto de otros países desarrollados.
En definitiva, España necesita más y mejores empresas para seguir edificando un Estado del bienestar fuerte. En los primeros compases de esta nueva legislatura, hemos leído en los medios que el nuevo Gobierno desea tender puentes de entendimiento con las empresas. Ojalá que así sea. Sobre todo, si ese nuevo talante se basa en el entendimiento cabal del papel que las empresas representan para el sostenimiento del Estado y para generar oportunidades de empleo y desarrollo a los ciudadanos.
Los empresarios siempre hemos demostrado nuestro compromiso con la sociedad española, y lo seguiremos haciendo, porque es nuestra responsabilidad. En ese empeño, seguiremos esforzándonos por transmitir los ciudadanos lo que somos y lo que hacemos en cuantos foros estén a nuestro alcance. Ahora bien, es necesario que nuestras autoridades entiendan que la competitividad de las empresas no es solo un asunto que concierna a las propias empresas, sino que depende también de ese entorno legislativo que puede hacer que el camino hacia la competitividad y el crecimiento se sea más practicable y con menos barreras.
