La toma de posesión de de Yolanda Díaz, por segunda vez consecutiva, como ministra de Trabajo y Economía Social, inaugura un periodo incierto de cambios en el mercado laboral que tendrán el foco en una reforma del despido con el objeto de encarecerlo y judicializarlo aún más. Asimismo se recortan las alternativas al mismo con el que cuentan las empresas, como los descuelgues de convenios. En la práctica, se trata de una derogación de la reforma laboral de 2012 que no pudo completar en la pasada Legislatura por la vigilancia estricta de Bruselas. El Ejecutivo español se comprometió con la Comisión Europea a no aprobar medidas que supusieran "obstáculos desproporcionados" a la capacidad de las empresas para adaptarse a los vaivenes del ciclo económico.
Pero en su acuerdo de investidura, Díaz logró arrancar a un Pedro Sánchez, necesitado de medidas populistas en el ámbito laboral , un incomprensible paso atrás en la senda de la flexibilización del empleo que España inició hace un año. Un retroceso especialmente grave no solo porque la rigidez destruye puestos de trabajo, como quedó de manifiesto en la crisis financiera, sino porque compromete el desembolso de los fondos asociados al cumplimiento del Plan de Recuperación por revertir las transformaciones estructurales comprometidas con Europa durante la última década. Lo que el Gobierno parece ignorar es que Bruselas valora la reforma laboral de 2012 tan positivamente como la de 2021 y considera que ambas avanzan en la misma línea de modernización del mercado de trabajo. Será difícil que comparta una decisión que daña irremediablemente la credibilidad de nuestro país en su compromiso con la creación de empleo y reducción del paro.