Uno de los objetivos del Ejecutivo en la próxima legislatura es resucitar el plan de pensiones de empleo de los trabajadores públicos. Dicho vehículo de ahorro complementario para los funcionarios de la Administración General se lanzó a comienzos de siglo pero en 2011 se cerraron las aportaciones del Estado por la crisis. En el proyecto de Presupuestos de 2018, el Ejecutivo de entonces ya abrió la puerta a reactivar dichas aportaciones, pero la realidad es que hasta el momento no ha habido una mejora notable, ni el Estado ha tomado la iniciativa. No en vano, a cierre de 2022, contaba con 502.514 partícipes, mientras su volumen patrimonial en octubre de 2023 se limitaba a unos 540 millones. Es decir, unos 1.100 euros de ahorro por partícipe.
Unas cifras muy similares a las que el propio plan presentaba cuando fue suspendido en 2011 y que evidencian un notable fracaso en aquel primer intento por resucitar este producto. Tanto es así que las aportaciones voluntarias de los funcionarios, las únicas que nutren al fondo desde hace más de una década, fueron de solo 758.000 euros en 2022. Todos estos datos evidencian que la recuperación del plan de empleo de los funcionarios no será tarea fácil. Pero no solo por lo ocurrido en el pasado. La falta de popularidad de estos vehículos entre los trabajadores también juega en contra. Pese a ello, Escrivá sigue empeñado en condenar al ostracismo a los planes de pensiones individuales para impulsar el necesario ahorro complementario de cara a la jubilación a través de los planes colectivos de empleo. Algo que será muy complicado de lograr en las empresas y autónomos, ante la escasez de incentivos que ofrece. Además, el mal ejemplo que la propia Administración ofrece con su plan supone también otra clara señal negativa.
