En su discurso de investidura Pedro Sánchez descartó cualquier tipo de impacto económico por los acuerdos alcanzados con los independentistas catalanes. Pero la realidad es que la Ley de Amnistía y las injerencias en el ámbito judicial que suponen los pactos con ERC y Junts están muy lejos de constituir un problema exclusivamente de orden político. Así lo consideran los expertos consultados por elEconomista.es, que temen que las agencias de calificación crediticia tomen nota del crecimiento de la inestabilidad política y en paralelo de la inseguridad jurídica en sus futuras revisiones sobre del rating de la deuda española. Un miedo que confirmó ayer mismo Moody's al alertar del impacto negativo que los acuerdos de Sánchez.
En concreto, la firma destacó que la condonación del pasivo catalán, la creación de un nuevo marco fiscal, la amnistía a los encausados del procés y la posibilidad de que se celebre un referéndum en Cataluña aumenta la inestabilidad y puede tener consecuencias en el rating. Es por ello evidente que el riesgo de revisiones negativas en la calificación crediticia española es real. Pero no solo por los problemas internos de España. La deuda de Italia podría caer al bono basura tras la decisión de Giorgia Meloni de financiar su recortes de impuestos vía déficit. Al igual que ocurrió en 2010 con Grecia, esto generaría un efecto dominó en el resto de los países del sur de Europa, lo que dispararía las primas de riesgo. En este contexto, el mero hecho de que Sánchez haya puesto en jaque la credibilidad inversora española por el puñado de votos que necesitaba para volver a ser presidente supone una maniobra irresponsable. Las consecuencias de ello podrían ser un fuerte encarecimiento de la financiación pública y una menor inversión.
