Opinión

Cambiar la estructura económica de España por un puñado de votos

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en una foto de archivo

El partido del Gobierno y Junt se descolgaron este jueves con un texto en el que las cuestiones más peliagudas y peligrosas para la convivencia, referidas al Estado de Derecho y a la división de poderes, quedan pendientes de desarrollo y sin fechas en el calendario.

La sorpresa, no por menos anunciada por los inspectores de Hacienda, ha dejado de sorprender. Sánchez rompe con la competencia estatal de Hacienda con las comunidades autónomas de Régimen Común y traspasa a Cataluña todos los ingresos, lo que de facto la convertirá en una Comunidad Foral, pero en esta ocasión sin que así lo prevea la Constitución. Lo grave de este asunto es que para justificar esta regalía a cambio de los siete votos independentistas, el acuerdo con Junts se refiere a las características históricas de Cataluña, lo que viene a representar una supina bofetada a otros territorios que constitucionalmente también son consideradas Comunidades Históricas. Las reivindicaciones están aseguradas.

Sin embargo, el conflicto político, que de por sí es importante, queda en un segundo plano ante la gravedad de lo que supone la ruptura del principio de igualdad entre los españoles y el de eficacia, puesto que se rompe el mecanismo de solidaridad entre las CCAA, lo que hará que el resto de comunidades con superávit tenga que aumentar su esfuerzo para con las que cuentan con menos recursos. No se puede olvidar el esfuerzo titánico que hace Madrid, por ejemplo, como CCAA que más colabora en este fondo compensatorio. La nota no aclara si se traspasará la gestión, pero es lo más probable, porque desde 2005, los sucesivos Gobiernos de la Generalitat han venido exigiendo esta transferencia, lo que le permitiría, poder definir su propia tributación, aunque armonizada con el resto del Estado en las líneas generales. Podría definir las diferencias impositivas sobre el resto del Régimen Común. España será más pobre a partir del momento en que se logre el traspaso definitivo, porque esta transferencia no va a ser flor de un día, sino un enorme quebradero de cabeza.

Y, además, se va a perder en eficacia en la lucha contra el fraude. Los inspectores de Hacienda vienen explicando las dificultades que encuentran a la hora de perseguir los delitos por la falta de transparencia de la información facilitada por las Haciendas Forales. Ninguna de estas instituciones cuenta con los medios, experiencia y estructura de la Agencia Estatal.

Y en esta cesión, irá incluida además, la representación en los organismos europeos del ámbito tributario de los intereses de Cataluña, porque el PSOE se ha comprometido a llevar a los representantes de la Generalitat a las instituciones internacionales para que defiendan sus Derechos y asienten su imagen.

La otra gran línea de actuación será la de la amnistía, pero esta deberá ser negociada. Cuenta con numerosos peligros, porque el acuerdo dispone que se investigue las actitudes de los jueces que han condenado a los participantes en el procés. Se trata de una valoración política que invade gravemente el Poder Judicial, lo que hace saltar por los aires la democracia que muchos españoles nacidos después de 1978 han disfrutado hasta ahora, como el periodo de estabilidad más largo de la historia de España.

En definitiva, un acuerdo que atenta gravemente contra el Estado de Derecho y que, junto al anunciado con ERC, pretende cambiar de un plumazo la estructura económica de España para favorecer la autodeterminación fiscal de Cataluña sin respetar la Constitución. Y todo por un puñado de votos para Sánchez.

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