PSOE y Junts se han comprometido a promover una ley de amnistía para los responsables que "después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos" y la presencia de un relator internacional en las negociaciones entre ambos partidos para "vigilar que se cumplen los acuerdos alcanzados" en el pacto entre ambas formaciones.
En el texto del acuerdo se dice que las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Independencia judicial
La Comisión Negociadora deberá superar los problemas legales que plantea la amnistía que para la mayoría de los expertos en Derecho Constitucional y Derecho Penal consideran que viola hasta siete artículos de la Constitución, que expresamente la prohíbe.
Así se han pronunciado la mayoría de los tratadistas, los cuales consideran que no tiene cabida en el seno de la Constitución Española (CE), tal es el caso de destacados catedráticos como Manuel Aragón, Enrique Gimbernat, Javier Tajadura, Agustín Ruiz Robredo, Teresa Freixes, entre un larguísimo etcétera.
Una mayoría de juristas considera que la amnistía atenta contra los siguientes artículos de la CE: Art. 1 ( ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, lo que representa el Estado de Derecho); Art. 9.3 legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos); Art. 14 (igualdad de todos los españoles); Art. 62.i (prohibición de indultos generales y amnistía según reconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional), que es quien debe visar una Ley de este calado.
En la misma situación se encuentran; el Art. 117 (independencia y exclusividad judicial); Art. 139.1 (todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado); y Art. 149.1 (la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales).
Y ante las quejas de expertos e instituciones, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que consideran que otorgar una amnistía en España basada en la descalificación del Poder Judicial es el "fin del Estado de Derecho", el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, pedía este miércoles aclaraciones al Gobierno en una carta dirigida al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que expresa "serias preocupaciones" por los "debates en curso sobre la posible aprobación de una ley de amnistía".
La jurisprudencia comunitaria reconoce a los jueces nacionales un amplio margen de apreciación sobre si una determinada norma está dentro del marco del Derecho de la UE o no, fundamentalmente en lo que se refiere al Estado de Derecho, marcado básicamente por la independencia de los jueces frente al Ejecutivo y el Legislativo.
Los precedentes europeos
La normativa comunitaria establece que el juez no está vinculado por una norma del Derecho nacional que le exija plantear prioritariamente ante su Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de constitucionalidad de una norma interna si durante su tramitación, o resuelta esta, le impide elevar una cuestión prejudicial relativa al ordenamiento comunitario, tal y como establece la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia, de 22 de junio de 2010, conocida como caso Melki y Abdeli.
Así, ocurrió con la concesión de la amnistía por el Gobierno de Rumanía, coincidente con la presidencia de turno de la UE de este país. La Ley de Amnistía beneficiaba a numerosos políticos condenados por corrupción, entre los que destacaba el líder del Partido Social Demócrata (PSD) en el Gobierno, Liviu Dragnea, encarcelado con una condena de tres años y medio de prisión en un juicio por malversación de fondos y fraude electoral.
En una visita a Bucarest, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofreció una rueda de prensa en la que mostró el rotundo rechazo del Ejecutivo Europeo al proceso y amenazó con cortar los fondos comunitarios, tal y como ha ocurrido en los casos de Polonia y Hungría.
Una repercusión política mundial sin incidencia jurídica alguna
Al referirse a las causas judiciales en marcha por el procés, en el comunicado conjunto emitido por PSOE y Junts se argumenta que "dichas causas judiciales han tenido una incidencia política relevante, al igual que diversas resoluciones de organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa".
Así, por ejemplo, entre estas resoluciones destaca el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de agosto de 2022, que concluía que España "violó los derechos" de los encausados en el procés al suspenderles como diputados autonómicos antes de que fueran condenados por el Tribunal Supremo". Esta resolución carecía de repercusión práctica. El dictamen contaba con el voto particular de dos miembros que rechazaron que hubiese vulneración de los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por España.
En noviembre de 2018 la Organización Mundial contra la Tortura exigió en una carta abierta dirigida al Gobierno, la Fiscal General y al Defensor del Pueblo la puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Sin embargo, el Gobierno destacó que esta organización está financiada ampliamente por la Generalidad de Cataluña; con una aportación acumulada desde 2014 a 2017 de 408.009 euros.
En noviembre 2018 la asociación American Political Science Association (Apsa) y la Political Science Association (PSA) del Reino Unido remitieron sendas cartas al Gobierno en la que pedían acabar con "la intimidación a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1 de octubre. Más de 500 parlamentarios y exparlamentarios de 25 países firmaron un manifiesto pidiendo la puesta en libertad de Carme Forcadell entre los que se encontraban los presidentes de los Parlamentos de Flandes, Córcega, Islas Feroe y País Vasco.
