STC comunica al Gobierno su intención de mantener su actual 4,9% en Telefónica y renunciar al 5% que atesora en derivados. Se abre así la puerta a que la Sepi o Indra, también participada por el vehículo empresarial público, adquiera la participación. Se trata de un especulación que el Gobierno niega que esté decidida. Pero en caso de llevarse a cabo supondría que el núcleo duro de la teleco estaría controlado por el Estado, ya que la buena relación de España y Arabia aseguraría la fidelidad de STC al Ejecutivo. Convertir en dinosaurio público a una firma privada y puntera que tiene que luchar en un sector muy competitivo sería un gran error. De hecho, conllevaría una caída en la valoración bursátil de la compañía y expulsaría a muchos inversores del capital.
