La revisión del Plan de Recuperación que el Gobierno presentó a Bruselas obtuvo el aprobado de la Comisión esta semana. El nuevo texto (también conocido como adenda) no incluía cambio alguno en el capítulo dedicado a los futuros cambios fiscales a los que el Ejecutivo se compromete para acceder al cuarto pago de los fondos europeos. Sigue así vigente el plan de someter a una "revisión exhaustiva los beneficios fiscales existentes" en tributos como el IRPF, Sociedades, IVA e impuestos especiales y que, según la AIReF, están valorados en 8.300 millones. De todos ellos, es la tributación conjunta la que genera un mayor coste.
En concreto, el beneficio al que recurren los cónyuges cuando uno de ellos trabaja, o existe una gran diferencia de ingresos entre ambos, puede llegar a los 3.400 euros, lo que reduce los ingresos para Hacienda cerca de 2.400 millones. El gran impacto que su supresión tendría en términos de recaudación tributaria aumenta las opciones de que sea una de esas deducciones a suprimir por el Ejecutivo. A ello contribuye también que el propio Ministerio de Hacienda pusiera el foco en dicho beneficio en su Libro Blanco, que dio a conocer a comienzos de 2022. Todo apunta, por tanto, a que la tributación conjunta será "revisada". Esto supondrá un duro golpe para las clases medias y bajas que son precisamente las que más se benefician de su mera existencia. El Gobierno se prepara así para castigar a las familias más vulnerables, que son las que siempre dice que defiende con sus medidas. En cambio, parece optar por extender las ayudas antinflación de carácter general de las que también se benefician los contribuyentes con más recursos económicos pese a la vuelta de las reglas fiscales a la eurozona el próximo año. Una total incongruencia.
