Economía

Bruselas da el visto bueno a la revisión del Plan de Recuperación que dará acceso a 93.500 millones

  • Reduce la cuantía de los créditos de los 84.000 millones previstos en un inicio a 83.200 millones
  • La Comisión Europea valida el cambio de la introducción de peajes por el impuso al transporte ferroviario
  • Se han incluido modificaciones asociadas al cuarto desembolso del plan de Recuperación
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez
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Ha sido una negociación costosa. Un tira y afloja en el que la validación de la Comisión Europea ha estado pendiente hasta el último minuto. Finalmente, Bruselas ha dado el visto bueno este lunes a la revisión del Plan de Recuperación de España, que le da acceso a más de 93.500 millones de euros de financiación. La conocida como adenda, recibe in extemis el beneplácito del Ejecutivo comunitario, con una partida de créditos que rebaja en 800 millones de euros la cifra prevista.

Concretamente, al amparo del plan revisado, España podrá acceder a 83.200 millones de euros en préstamos en condiciones favorables, frente a los 84.000 millones planteados inicialmente. La adenda incluye, además, en línea con lo previsto, 7.700 millones de euros en transferencias adicionales y 2.600 millones del plan RePower EU, que busca romper con la dependencia energética del bloque con Moscú.

La nueva versión del Plan de Recuperación, dotado en total de 163.000 millones de euros entre fondos, préstamos y el capítulo RePower EU, contempla 595 hitos y objetivos, 505 de los cuales se enmarcan en la solicitud de fondos y 90 al amparo de los préstamos. Fue el pasado junio cuando España presentó a la Comisión Europea la nueva versión del Plan de Recuperación, que incluye 111 reformas y 142 inversiones. Bruselas contaba con un plazo de dos meses para realizar su evaluación, un periodo que se vio ampliado por las vacaciones y que venció la primera semana de septiembre, si bien las fechas eran orientativas.

España es el único país que ha recibido ya el tercer pago de los fondos del Plan de salida de la pandemia y el que va más avanzado en su despliegue. Hasta la fecha, han sido 37.000 millones de euros desembolsados, 9.000 de ellos asociados a la prefinanciación concedida en agosto de 2021 y 28.000 millones de los tres pagos de fondos.

Según el calendario que ha proporcionado el Ejecutivo, el grueso de los créditos favorables se concederán al final del periodo del plan de recuperación. Concretamente entre enero de 2025 y finales de agosto de 2026. En todo caso, la revisión del plan que ha sido aprobada por la Comisión Europea deberá ahora recibir el visto bueno de los Veintisiete, que cuentan con 4 semanas para dar su beneplácito. Tal luz verde de los países permitirá a España acceder a 1.400 millones de euros de prefinanciación del plan RePower EU.

La nueva versión del plan de Recuperación cuenta 9 reformas nuevas o modificadas, 23 inversiones nuevas o modificadas, que se suman a 7 nuevas reformas y 20 nuevas inversiones para acceder a los créditos adicionales, las medidas al amparo del plan para cortar con la dependencia de combustibles fósiles de Rusia, y la eliminación de medidas que se consideran que no son alcanzables porque han cambiado las circunstancias.

Tras recibir el beneplácito de Bruselas cuenta ya con vía libre para solicitar el cuarto desembolso, asociado a la segunda parte de la reforma de las pensiones, y que debía realizarse antes de final de año. Se ha incluido así en la revisión del plan ciertos elementos revisados asociados al cuarto tramo, por lo que la solicitud de esta partida por parte del Ejecutivo español es inminente.

Sin peajes en las autovías

Entre las 52 medidas modificadas de la primera versión del plan por "circunstancias objetivas" que responden al repunte de la inflación, la guerra de Ucrania y la crisis energética, figura la introducción de peajes en las autovías a partir de 2024. Un sistema de pago por uso en base al principio de "quien contamina paga" que, finalmente, el Gobierno español ha retirado en la adenda. La medida, que ha suscitado bastante rechazo, ha sido sustituida por una actuación para promover el transporte ferroviario de mercancías y que se combinará con la normativa comunitaria del sistema de comercio de derechos de emisiones. Una regulación que entrará en vigor en 2027, y que afectará al transporte por carretera y la vivienda.

Preguntada por esta cuestión, la portavoz de Asuntos Económicos del Ejecutivo comunitario, Veerle Nuyts, ha indicado que España propuso reemplazar el mecanismo de pago por uso de las autovías con medidas para impulsar el transporte ferroviario que "busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de transporte terrestre". 

Se ha justificado por las "severas disrupciones del mercado energético de los últimos años" y el alza de los costes para los usuarios de transporte por carretera. Así Nuyts ha argumentado que la prevista introducción a partir de 2027 de la revisión del sistema de comercio de derechos de emisiones a nivel europeo, que pondrá precio al transporte de emisiones, se solapa parcialmente con el objetivo del hito anterior. 

Este cambio parcial se ejecutó bajo el artículo 21 de la legislación del Plan de Recuperación, según la portavoz comunitaria, "mantiene el nivel de ambición del hito sin alteraciones", ya que "contribuye a la reducción de emisiones del transporte por carretera" y también ataja la mejora de las infraestructuras ferroviarias que Bruselas incluyó previamente en sus recomendaciones por país.

Las partidas

La nueva versión del plan de recuperación destina el 40% de la financiación a objetivos climáticos, un total de 65.000 millones de euros frente a los 27.600 del plan inicial. Entre las nuevas medidas figuran una estrategia nacional para luchar contra la desertificación, una reforma de la gestión de residuos o para la prevención del desperdicio alimentario.

Entre las inversiones figuran instrumentos financieros y ayuda para impulsar áreas como el transporte sostenible, la eficiencia energética, la creación de una línea verde del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada de 22.000 millones de euros, un fondo de resiliencia regional con 20.000 millones de euros o ayudas al vehículo eléctrico.

Otro 26% de la financiación se destinará a la transición digital, con nuevas reformas en inteligencia artificial o ciberseguridad e inversiones en la cadena de valor de la fabricación de microchips, financiación para escalar startups o digitalizar el sector público.

Otras reformas al amparo de los fondos abarcan la mejora del acceso a financiación para pymes y autónomos o una reforma legislativa para proteger los derechos de los consumidores. En lo que respecta a inversiones figuran inversiones en tratamientos para enfermedades raras, lo que en términos de préstamos implica inversiones en ciencia tecnología e innovación, e inversiones para modernizar el sector aeroespacial. Y ya lo que afecta a las reformas incluidas en los préstamos figuran medidas para mejorar la construcción de vivienda de alquiler.

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