Bruselas lleva reclamando desde primavera que los países reduzcan las ayudas para paliar el impacto de la inflación y se focalicen en hogares y empresas más vulnerables para reducir su coste. Un mensaje que el Ejecutivo comunitario ha endurecido.
De hecho, en el Ecofin celebrado este mes en Santiago, la UE lanzó una llamada a una fiscalidad más restrictiva ante el regreso en 2024 de las reglas de estabilidad. Pero por mucho que Bruselas insista, la realidad es que los Estados miembros se aferran a estas medidas. No solo en España, donde PSOE y PP hasta llegan a coincidir en la necesidad de mantener el escudo social valorado en 47.000 millones. Ni siquiera Alemania, histórico defensor de la ortodoxia fiscal, ha fijado cuándo eliminará el paquete de ayudas contra los precios que está valorado en 300.000 millones. En cuanto a las otras dos grandes economías del euro, Italia ni se plantea suprimir las ayudas y en Francia se mantiene el grueso de las subvenciones y solo se quitarán las de energía. Es evidente que los gobiernos europeos no quieren sufrir el desgaste electoral que supone eliminar un escudo social en respuesta a la crisis del Covid y a la generada por el alza de la inflación de dos dígitos. Pero dicha situación excepcional ya ha terminado por lo que carece de sentido mantener unas ayudas de carácter general, que tienen un elevado coste y de las que se benefician muchas personas que ni siquiera las necesitan. En un contexto de ralentización económica y de vuelta a la disciplina fiscal, donde se trazará una senda para limitar el déficit de los países al 3% del PIB, es fundamental enfocar las ayudas en los colectivos vulnerables. Solo así se podrá dedicar una partida mayor a reducir desequilibrios públicos y a inversiones que impulsen la actividad.
