Acepto el debate

El Partido Popular ganó las elecciones generales del pasado 23 de julio en 40 de las 52 circunscripciones, sumó 137 escaños, 48 más de los que obtuvo en 2019 y 16 más que el PSOE. Representa la mayoría absoluta en el Senado y, como dato a destacar a los efectos de estas líneas, superó en número de votos a ERC y Junts, si concentramos nuestra atención exclusivamente en Cataluña.

Por extraño que parezca, oyendo a los portavoces políticos y mediáticos de la izquierda española, el PSOE perdió las elecciones. Sin embargo, esto no es obstáculo para que sus dirigentes intenten articular una mayoría parlamentaria y formar gobierno, porque a diferencia de lo que ha pasado en todas las elecciones desde la restauración de la democracia hasta que Pedro Sánchez fue elegido secretario general de su partido, el PSOE no respeta la lista más votada por lo que se cierne sobre nosotros Frankenstein II. Para hacerlo realidad tendrán que aceptar dos exigencias de los partidos independentistas: la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Dos cesiones que el PSOE tratará de edulcorar ante la opinión pública para que resulten aceptables.

El primer paso para hacerlo, como estamos viendo, es mostrar su disposición a hablar de una de ellas, la amnistía, que ya equiparan al indulto, y rechazar tajantemente la segunda en términos de "en ningún caso", de "ninguna manera se aceptará un referéndum de autodeterminación", "no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá", decía Pedro Sánchez en la última campaña electoral. El segundo paso es presentar como progresista lo que exigen los independentistas. En este sentido, catedráticos de universidad, escritores, politólogos, miembros de la futura coalición, en fin, los auto titulados como progresistas intentarán convencer a la opinión pública de que los responsables del ataque al estado de derecho que se perpetró en 2017 desde la Generalitat son presos políticos y que el referéndum de autodeterminación cabría plantearlo de alguna forma dentro del artículo 92 de la Constitución, para que los independentistas vieran satisfechas sus exigencias y Frankenstein II la luz.

La mayoría de quienes defienden esto en las proximidades del PSOE apostaron por lo contrario hace unos meses, pero en el progresismo estas contradicciones no importan, porque su respeto a la verdad les permite presentar la mentira como un cambio de opinión sin sonrojarse. Dicen que lo hacen en nombre de la modernidad, para avanzar hacia lo nuevo, para dar pasos hacia adelante. La legitimación de su propuesta viene de su propio carácter que ellos llaman progresista y que supondrá un avance, "un recomenzar" dicen los más cursis, frente a quienes quieren que todo permanezca igual o incluso llevar al país a décadas atrás. En realidad, lo que tratan es de establecer un frente, polarizar, cavar una trinchera entre los que piensan como ellos y quienes no les dan la razón, deslegitimándolos por representar la involución.

En este sentido, los constitucionalistas dejamos de ser los defensores de la Carta Magna de 1978 para convertirnos en nacionalistas españoles que nos oponemos a la "España real, plural y periférica". El objetivo es cuestionar el baluarte que garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones, que hace depositaria al pueblo español de la soberanía nacional para dar paso a la Nación de Naciones que significa reconocer una pluralidad de soberanías.

Los constitucionalistas no defenderíamos el consenso plasmado en el texto constitucional, sino provocadores de un desencuentro entre Cataluña y el resto de España que solo puede evitarse si se avanza por la vía de la amnistía y el referéndum, aunque ahora la investidura tenga que pasar como condición más urgente por la primera.

Los constitucionalistas seríamos los provocadores de un conflicto político, extremistas que buscamos debilitar la democracia, como si su fortaleza no estuviese en el respeto a la legalidad derivada de la soberanía nacional y depositada en los representantes del pueblo libremente elegidos que dialogan, discuten, razonan, argumentan y votan.

En cualquier caso, espero que no les importe a progresistas y separatistas que se acepte la confrontación de ideas, que entremos en el debate sobre cuál es el país que existe en el mundo que sea mas descentralizado que el nuestro, que otorgue más poder a los entes autónomos, que respete más las lenguas que le son propias, que gestionen más recursos públicos para dedicar a sanidad, educación o a políticas sociales. Y si encontramos un modelo pongámonos manos a la obra para acercarnos a él, pero si no lo hay, no entremos en descalificaciones, porque en ese caso, la conclusión será que no quieren un debate democrático para mejorar las cosas, sino que quienes defendemos la Constitución del 78 no pensemos, nos callemos y nos pleguemos a sus deseos.

Sí, defiendo la Constitución de 1978, admito el debate sobre su reforma, pero no me hagan darles la razón en base a emociones y sin respetar el estado de derecho. La aspiración del separatismo es la creación de un estado propio y cualquier otro acuerdo les parecerá siempre insuficiente y ahí es donde está el conflicto, porque olvidan a esos amplios sectores de la sociedad catalana que no quieren la separación, es decir, que no aceptan ser extranjeros en su país. Por eso, merece la pena hablar, escucharnos y ponernos de acuerdo, pero no imponer un paso más en una dirección en la que hay muchos, también en Cataluña, que no están de acuerdo.

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