A menudo, cuanto más se tarda en abordar, y solucionar por completo un problema, más sacrificios hay que realizar. Este principio general se está cumpliendo milimétricamente con las tensiones inflacionistas que padecemos en Europa. A medida que la inflación se mantiene elevada, los agentes económicos reclaman subidas de precios y salarios, que a su vez retroalimentan la inflación. Por eso, que el Banco Central Europeo, BCE, vea cerca el final de las subidas de tipos, aunque lo parezca no es una buena noticia. Y esto no sólo porque indica que en la eurozona estamos al borde de una recesión, sino también porque esta política de subida de tipos de interés no se sustituye por ninguna otra medida anti-inflacionaria.
El principal cometido de un Banco Central es mantener la estabilidad de precios. Esto puede ser fácil o muy complicado. Pero, como ocurre cuando se declara un incendio, es más fácil apagarlo cuando comienza que cuando se va de las manos. Por eso, la inactividad durante muchos meses en 2021 ha complicado reducir las tensiones inflacionistas. Ahora, con unas tasas de inflación en la zona euro de entre el 5 y el 6%, parece que el BCE se plantea una pausa en el ciclo de subidas de tipos de interés ante la debilidad de la economía. Como es lo que el mercado "ha comprado", el Euribor se ha reducido ligeramente en agosto, después de veinte meses de subidas. Después de esto, ¿se ralentizará el crecimiento de los precios?
No parece probable, salvo que se tomasen otras medidas anti-inflacionistas. El BCE sólo podría reducir la cantidad de dinero en circulación de forma sustancial. Aunque no lo parezca, aunque hay mucha masa monetaria, parte de ella no está en circulación, sino depositada en el propio BCE, bien de forma obligatoria, bien en la facilidad de depósito, retribuida en estos momentos al 3,75%. Si se quiere reducir aún más, la opción es vender una parte de los activos financieros en manos del banco central. Como estos activos son fundamentalmente deuda pública, esto complicaría la financiación de los Estados, especialmente de los más endeudados, especialmente Italia y España. Además de otros problemas, una política de este tipo podría devolvernos al problema de las primas de riesgos y a una nueva fragmentación monetaria en la zona euro.
Si el BCE no puede, o no quiere, tomar más medidas de endurecimiento monetario, sólo quedan las medidas que podrían tomar los gobiernos. Sin embargo, todas las medidas que realmente combaten la inflación, y no se limitan a paliar sus efectos en algunos, o muchos, de los agentes económicos, son duras e impopulares. Por ejemplo, una política de rentas que limite el crecimiento de los salarios es impopular. Sin embargo, la razón fundamental de que la inflación española sea sustancialmente inferior a la alemana es que los salarios en España no están subiendo por encima del 6%, en términos anuales, como está ocurriendo allí. Este nivel de crecimiento salarial, salvo que la productividad de los trabajadores, o las horas trabajadas se disparasen, implica mayores costes para las empresas, que se acaban repercutiendo a precios.
Además de los salarios, queda la cuestión de los márgenes y beneficios empresariales. En general, los empresarios han podido repercutir a precios los incrementos de costes. En algunos sectores, como en el energético o en el financiero, el aumento de precios ha sido, en muchas empresas, muy superior a los costes. Sin embargo, ésta no ha sido la tónica generalizada. Pero, hay que tener presentes dos cuestiones. Si no hubiese sido así, la situación económica sería mucho peor por pura destrucción de tejido productivo. Por otra parte, la única forma efectiva de que no haya beneficios extraordinarios es introducir más competencia en esos mercados.
Más allá de las cuestiones monetarias y financieras, hay, por lo menos dos tendencias inflacionistas muy importantes a nivel global. Una es la proliferación de medidas proteccionistas y aranceles, que protegen la producción local a costa de mayores precios para los consumidores. La otra es la transición ecológica, que consiste fundamentalmente en una transición energética hacia formas de producción y uso de la energía que emitan menos gases de efecto invernadero. Esto supone una internalización masiva de un coste, el de las emisiones de estos gases, que hasta ahora no se pagaba. Esto, que es positivo y necesario para el Planeta, tiene efectos inflacionarios, y de menor crecimiento económico, como cualquier introducción de nuevos costes en el sistema económico. A más largo plazo, la reducción de personas en edad de trabajar en casi todo el mundo acabará suponiendo más retribuciones salariales, y por tanto, precios más elevados.
Con este panorama, sólo queda la opción de las políticas de "consolidación fiscal", es decir, de aumento de ingresos públicos, o de reducción del gasto público. Por razones de sostenibilidad presupuestaria, además de para luchar contra la inflación, es algo que muchos países en Europa, como Francia, Italia o España, deberían abordar. Sin embargo, las políticas presupuestarias restrictivas no son precisamente populares. Además, Alemania, que es el país más grande de Europa, con una economía que triplica a la española, acaba de anunciar un programa de rebajas fiscales de 10.000 millones de euros, que aumentará la demanda, y no ayudará en la lucha contra la inflación, salvo que se haga un recorte de gasto público de una cuantía similar.
Por todo esto, la inflación se está cronificando en Europa, y a corto plazo, también en España, como contaremos otro día, seguirá repuntando.