La mayoría absoluta en el Senado del PP tiene una importancia decisiva para la política presupuestaria que desarrolle un hipotético Gobierno del PSOE y Sumar.
La Cámara Alta no solo puede vetar el techo de gasto público no financiero que el Gobierno diseñe para sus Presupuestos Generales; además, está plenamente facultada para obligar al Ejecutivo a someterse al último límite aprobado de acuerdo con la tramitación reglamentaria.
Esto obligaría a retrotraerse a 2020, ya que en los tres años posteriores se utilizó una vía de aprobación excepcional, justificada primero por la pandemia y luego por la guerra en Ucrania.
Esta potestad que el Senado ostenta no debe desdeñarse considerándola un mecanismo arbitrario de bloqueo. Su aval proviene de la Ley de Estabilidad aprobada en 2012, en medio de la peor crisis de deuda soberana de la eurozona, cuando se hizo patente la necesidad de disponer en la UE de instrumentos más eficientes a la hora de garantizar la estabilidad presupuestaria.
El veto senatorial está, además, plenamente vigente, después de que los intentos del PSOE por derogarlo quedaran en nada debido a que la pandemia interrumpió los trámites parlamentarios para derogarlo.
Si los socialistas quieren volver a abrir esta vía, la ley exige que comiencen el proceso desde cero. Y, sobre todo, resulta coherente que las instituciones retomen su labor de control del gasto público ahora que la UE reactivará sus reglas fiscales.
Ya no se plantea, además, urgencia alguna que permita otorgar carta blanca a techos de gasto tan cuantiosos como el permitido en 2023, de casi 200.000 millones. Sánchez, en caso de ser investido, tendrá que acatar esta legítima labor de supervisión que inevitablemente limita su labor de Gobierno.
