Bruselas
Si para algo sirvieron las elecciones del pasado 23 de julio fue para constatar que será necesario sellar unos pactos más que difíciles para formar Gobierno. Y parece que será un Ejecutivo en funciones el encargado de cumplir con Bruselas. Concretamente, con un ajuste presupuestario de casi 10.000 millones de euros en 2024, si el gasto en España crece más del 2,6% el próximo ejercicio.
Ese escenario es plenamente factible una vez que siguen vigentes todas las medidas antiinflacionistas que se acaban de prorrogar hasta diciembre en lugar de ponerles fin en junio. Este último regate del Gobierno de coalición antes de las elecciones complica el cumplimiento de las reglas fiscales. Además, su derogación posterior se vuelve más dudosa considerando que correspondería a un hipotético Gobierno en funciones llevarla a cabo.
De momento, la única certeza es que la Comisión plasmó negro sobre blanco en sus recomendaciones de primavera a España que tendrá que realizar un ajuste estructural presupuestario de, como mínimo, un 0,7% del PIB en 2024. Un recorte de algo más de 9.700 millones de euros que se deberá aplicar si el gasto crece más del 2,6%. Y todo ello para que el déficit público llegue al 3% del PIB y se mantenga por debajo de ese objetivo.
Es cierto que, en las proyecciones de primavera, el Ejecutivo comunitario estimó que el aumento del gasto público español el año que viene será del 1,4%. Sin embargo, no contaba entonces con la extensión de las medidas anticrisis en los mismos términos en los que se diseñaron a finales de 2022 cuando el IPC se situaba en dos dígitos. Esa decisión implica, además, desoír el llamamiento de instituciones como el BCE a limitar el alcance de las ayudas ahora que la inflación es más baja.
Por otro lado, la fragmentación del resultado electoral del pasado 23 de julio deja como testigo un escenario en el que, lo más probable, es que se forme un Gobierno en funciones hasta que se cierren acuerdos entre partidos o hasta que, en noviembre, les requiera de una segunda convocatoria electoral.
Todo ello dejaría en manos de un Gobierno interino una posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Y es así por la dificultad para elaborar un anteproyecto de ley de tales Presupuestos y los, subsecuentes impedimentos para presentarlos al Congreso antes de que termine septiembre.
Reglas fiscales
Sin embargo, el contexto cambia respecto al presente ejercicio. Cabe considerar que las reglas fiscales de la UE volverán a aplicarse a partir de 2024. La pandemia y, más tarde, la guerra de Ucrania sirvieron de catalizadores para que Bruselas diera manga ancha al gasto con la activación de la cláusula de escape, que suspendió las reglas comunitarias que obligan a que el déficit sobre el PIB de los Estados miembro y la deuda sobre el PIB no superen el 3% y el 60%, respectivamente.
Tras un periodo de expansión fiscal, en enero del próximo ejercicio tales referencias numéricas volverán a aplicarse. Si bien la UE se encuentra todavía en pleno proceso de reforma de las reglas de gobernanza económica, que probaron incluir normas poco realistas durante la crisis financiera del 2008, se espera que un acuerdo antes de cierre de año. Durante la presidencia española del Consejo de la UE y a tiempo para la puesta en práctica, de nuevo, de las reglas fiscales.
Además, Bruselas ha anunciado que será a partir de la primavera de 2024 que volverá a abrir a los Estados miembro procedimientos de déficit excesivo, y lo hará sobre los datos de 2023. El plan presupuestario de 2024 debe remitirse a la Comisión Europea en otoño y debe incluir un ajuste de las cuentas públicas para que el gasto no supere ese alza del 2,6%, sin considerar fondos europeos ni medidas fiscales.
Esta supervisión más estricta que tiene por finalidad garantizar que el gasto vuelva a una trayectoria más saneada a medio plazo, y que incluye sanciones, tiene todos los visos de volver a aplicarse a España que, según los datos de la Comisión Europea, cerrará el 2023 con un déficit sobre el PIB del 4,1% o del 3,9% si se toman como referencia los cálculos del Gobierno de Pedro Sánchez. Dos estimaciones que se sitúan por encima del nivel del 3% sobre el PIB y que también se aplicarían a países como Bélgica, Alemania, Francia, Italia o Polonia.
Convalidación en el Congreso
Por otro lado, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó este año el decreto de ayudas por la crisis de la guerra en Ucrania sin ningún voto en contra y con la abstención de los parlamentarios de Vox y de Ciudadanos.
En concreto, el decreto ómnibus contó con 53 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Coalición Canaria, PRC y de Compromís. También del Partido Popular, a pesar de haberse opuesto a las medidas en situaciones anteriores. De hecho, el popular Jaime de Olano criticó de nuevo el paquete de medidas acusando al Gobierno en funciones de abusar de los decretos y no abrir un diálogo con el principal partido de la oposición.
El texto no contó con ningún rechazo, pero sí con censura de Vox, que –a través del secretario general del grupo- calificó la prórroga del plan hasta final de año como un "parche", dijo el secretario general de su grupo, José María Figaredo.
El objetivo principal del decreto pasa por extender algunas de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania que caducaron el pasado 30 de junio, como las rebajas del IVA de los alimentos y las ayudas al transporte público.
Pero también incluye la transposición de varias Directivas europeas, introduce limitaciones a las VTC y prohíbe el despido por costes energéticos. Asimismo, elimina algunas de las medidas establecidas en anteriores paquetes anticrisis. Es el caso de la posibilidad de prorrogar automáticamente seis meses el alquiler con las mismas condiciones que el contrato que estuviera en vigor hasta ese momento.
En total, se trata de un texto que moviliza 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total –teniendo en cuenta las ayudas totales, con las rebajas de impuestos y bonificaciones- es de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año.
El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el pasado 27 de junio. En total, los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra en Ucrania.
