El Gobierno cuenta con un escaso margen para prorrogar varias de las medidas incluidas dentro del tercer paquete antiinflación para 2023. Pedro Sánchez anunció el martes los nuevos mecanismos con los que prevé mitigar el impacto del alza de los precios sobre los hogares. Su vida dependerá del comportamiento de las cuentas públicas a lo largo de los próximos meses.
Según el cuadro macro incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno espera recaudar 17.422 millones de euros más en 2023. Los cálculos, desarrollados hace meses, dan por hecho un crecimiento económico del 2,1% para todo el año que viene, un punto por encima del 1,1% estimado en las previsiones desarrolladas por el último Panel de Funcas.
Los números planteados por Economía tampoco descuentan el impacto que la supresión del IVA de los alimentos básicos, o la rebaja al 5% del aceite y la pasta ejercerán sobre la recaudación tributaria. Norma que seguirá vigente hasta que la inflación subyacente, que cerró noviembre en el 6,3%, no baje del 5,5%. Lo mismo ocurre con la reducción de los impuestos a la electricidad o el gas.
Respetando las cifras impresas en las cuentas públicas aprobadas, el Gobierno tan solo podrá extender hasta final de año un puñado de medidas sin caer en el riesgo de descuadrar la estabilidad presupuestaria. A la rebaja de impuestos a los alimentos, se suma la bonificación de 20 céntimos al litro de carburante para los transportistas, que se rebajará a la mitad a partir de marzo y se eliminará tres meses después. Lo mismo ocurre con las ayudas específicas para los sectores más afectados por el encarecimiento de la energía o las materias primas. El Ejecutivo aprobó el desembolso de 300 millones de euros para mitigar el aumento del precio de los fertilizantes, 360 millones para compensar la carestía del combustible para agricultores y sector pesquero, el cheque de 200 euros que podrá empezar a solicitarse a partir del próximo 15 de febrero o una ayuda de 950 millones para la industria gasintensiva. En conjunto representan buena parte de los 10.000 millones de euros de gasto previsto para todo el plan, o lo que es lo mismo, más de un 57% del incremento de ingresos no financieros para todo 2023.
Sin embargo, la cita de Sánchez con la urnas en diciembre podría tentar al presidente del Gobierno a alargar la vida de sus medidas estrella poniendo en riesgo el compromiso de reducción de déficit acordado con Bruselas. La Comisión Europea ya dio un toque de atención al Ejecutivo en noviembre por no utilizar el exceso de ingresos para reducir el agujero de gasto. El Plan Presupuestario remitido prevé que España cierre 2023 con un déficit público del 3,9%. Dentro del documento acordado con el Ejecutivo comunitario, Moncloa incluye una merma de la deuda pública del 115,2% de 2022 al 112,4% el próximo año.
Medidas hasta final de 2023
Si está confirmada la permanencia de algunas de las medidas hasta el 31 de diciembre de 2023. Entre ellas, la gratuidad de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatales se mantendrá a lo largo de todo el año. La medida, tendrá un coste adicional de 660 millones de euros.
En el plan aprobado en el último Consejo de Ministros, se prorroga además la congelación del precio de la bombona de butano, la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables y el descuento en la factura eléctrica a través del bono social. También se extiende el tope del 2% en la revalorización de los alquileres hasta final de 2023. Este último punto, junto a la congelación de las condiciones seis meses, no tendrá impacto en el gasto.
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