Bruselas
El 2024 se acerca y el tiempo apremia en la negociación de la reforma de la gobernanza económica por parte de los Veintisiete Estados miembro. La cita que mantendrán este viernes en Luxemburgo los ministros de Economía y Finanzas de la UE se articula como un primer intercambio de opiniones sobre la reforma de las reglas fiscales, pero también como el pistoletazo de salida para unas negociaciones que se antojan tan complejas como apremiantes.
En seis meses la suspensión de las reglas fiscales que se aplicó por la pandemia, bajo la activación de la cláusula general de escape, desaparecerá. Significa que los países de la UE tendrán que ponerse las pilas para encaminar sus déficits a niveles que no superen el 3% sobre el PIB y la deuda al 60% sobre el PIB.
La ambición de España, que ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE esta segunda mitad del año, a partir de 1 de julio, es cerrar estas negociaciones durante su mandato. Aunque la convocatoria de elecciones arroja cierta incertidumbre sobre tales ambiciones, desde España defienden que el impacto será nulo. Si bien no todos los países confían en que tales empeños se cumplan.
En cualquier caso, esta primera conversación será un acercamiento de posturas. Tan alejadas como la persistencia de Alemania por incluir una salvaguardia que defina y concrete una senda clara de reducción de pasivo del 1% anual como mínimo. Algo que no tiene sentido para los países más endeudados como Italia, España o Grecia que ven en tal propuesta un sustituto de la regla de reducción de deuda de 1/20 anual que precisamente se busca eliminar con la reforma. Un cambio en la gobernanza económica que trata de salvar errores pasados después de que la regla se comprobara ineficiente tras la crisis financiera.
La primera conversación entre los Veintisiete se ancla, no obstante, sobre la propuesta legislativa de la Comisión Europea. En ella se plantea que los países que superen tales umbrales de déficit y deuda deberán aplicar un ajuste fiscal mínimo del 0,5% del PIB anual. Una senda que se presenta como un mínimo y, de alguna forma, como salvaguardia para contentar a los países con posturas más frugales como Alemania.
El punto de partida de la reforma lo planteaba Bruselas, en noviembre. Fijaba planes individualizados para cada estado miembro con sendas de reducción de deuda ajustadas a cada país. Tales planes de ajustes, que evaluará la Comisión Europea, tendrán una duración de cuatro años para los países con altos niveles de endeudamiento y pivotarán sobre un techo anual al gasto público neto de tal manera que el déficit se sitúe por debajo del 3% y la deuda encarrile la senda descendente. En caso de que se produzca alguna desviación sobre ese techo de gasto pactado, se aplicarán multas, con sanciones máximas del 0,2% del PIB.
